01 de marzo de 2012
01.03.2012
En Murcia

Paralizan ´in extremis´ la subasta de ocho parcelas de Roca

El Juzgado de lo Mercantil 1 iba a subastar las fincas de una empresa del exasesor que se declaró en concurso de acreedores

01.03.2012 | 06:00
La Fiscalía dice que dos de estas parcelas acogen hoy la urbanización Nueva Ribera Beach.

El Tribunal del caso Malaya, presidido por José Godino, ha estado rápido de reflejos al lograr parar la subasta judicial de ocho fincas que Juan Antonio Roca tenía supuestamente en Murcia. Las parcelas, que debían acoger dos promociones de viviendas, son propiedad de una empresa atribuida al exasesor, Inmobiliaria Masdevallía, que se declaró en concurso voluntario de acreedores ya bajo la administración judicial. Esas tierras iban a ser sacadas a subasta pública por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga el pasado viernes, pero la Sala ha logrado que no se lleve a cabo la venta para asegurar un hipotético pago de multas e indemnizaciones.

En un auto fechado el 21 de febrero de 2012, el Tribunal da cuenta de dos escritos del administrador judicial (12 de enero y 21 de febrero) de la Compañía Inmobiliaria Masdevallía SL, actualmente en concurso de acreedores. En ellos, «se exponían los efectos perjudiciales que para la presente causa –Malaya– pudieran derivarse de la subasta pública de ocho fincas registrales propiedad de la sociedad administrada».

En concreto, la subasta se fundaba en dos incidentes hipotecarios del concurso voluntario de acreedores y se debía celebrar el pasado viernes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. El administrador instaba al tribunal a suspender este trámite. El fiscal también pidió la suspensión de la subasta. Se trata de ocho fincas contenidas en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Juan Carlos López Caballero, ha pedido el comiso para que luego, en la sentencia, esos bienes sirvan, si es que Roca es condenado, para satisfacer las multas y la responsabilidad civil.

El fiscal, según relata el tribunal en el auto, habla de dos fincas del Registro de la Propiedad de San Javier (Murcia). Éstas se dividieron posteriormente en régimen de propiedad horizontal, «dando lugar a 104 viviendas que tienen como anejo inseparable trastero y garaje» (Nueva Ribera Beach Club, según el fiscal). En segundo lugar, habla de otras seis parcelas, que formarían parte del «proyecto de compensación del Plan Nacional Nueva Rivera, ubicado en Los Alcázares (Murcia)». Éstas están destinadas a la construcción de viviendas de uso familiar y local comercial.

La Sala recuerda que, según el artículo 127 del Código Penal, toda pena por delito o falta dolosa llevará consigo «la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar». Por tanto, este artículo «ampara y justifica la solicitud de comiso de la acusación».
En consecuencia, añade el ponente y presidente del juicio del caso Malaya, José Godino, «teniendo en cuenta que las fincas que pretenden subastarse en las ejecuciones hipotecarias en cuestión están incluidas en la petición de comiso formulada, parece evidente la procedencia de la suspensión interesada por la administración judicial».

Ello serviría para «garantizar la efectividad de los pronunciamientos que, al respecto y en su caso, puedan adoptarse en la sentencia». Es decir, el Tribunal trata de asegurar el cobro de las multas y responsabilidades civiles de una hipotética sentencia condenatoria. Así, la Audiencia suspende las ejecuciones hipotecarias y las subastas fijadas para el pasado viernes en base a los posibles «pronunciamientos sobre comiso que, en su caso, pueda contener la sentencia que se dicte en este sumario».

Además, comunica la decisión a Mercantil 1 de Málaga, al ministerio fiscal y a las acusaciones, amén de al administrador judicial, dado que contra ella cabe un recurso de súplica en tres días.

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