La reforma de la ley de Costas abrió un nuevo capítulo esta semana al hacerse público el borrador remitido por la administración a los agentes que participan el consejo asesor de Medio Ambiente. En el texto, de carácter no vinculante y al que ha tenido acceso este periódico, no sólo se apostaba por la flexibilización de la normativa, sino también por una reforma que conciliara «la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derecho del servicio público». Se advertía, además, de la detección de un listado de problemas relacionados con la aplicación de la ley, entre los que destaca, a juicio del Gobierno, la acumulación de expedientes sin resolver–alrededor de 24.000 de un total de 32.000– y la falta de coordinación entre las administración, especialmente en aquellas, que, como Cataluña y Andalucía, tienen transferidas algunas de las competencias relativas al mar.

En el documento, de tres páginas, el Gobierno sostiene que no ha habido voluntad política a la hora de solventar los expedientes y reclama una mayor homogeneidad en la ejecución de la normativa, sometida al arbitrio del cambio de criterios. También alude al deslinde, que considera, en muchos puntos, arbitrario, con un discurrir «que no traza una línea recta, sino que hace zig-zag».

Entre sus puntos más controvertidos, el borrador, señalado como propuesta de debate, aboga por explorar un procedimiento de desafectación «más ágil y más rápido» para aquellos bienes que han perdido sus características naturales de dominio público. Se habla expresamente de El Palo y Pedregalejo, zonas para las que el texto sugiere la posibilidad de un tránsito efectivo de público

a privado.

Otra de las líneas más comentadas del documento es la que se refiere a una posible autorización de venta en este tipo de casas, lo que, según los vecinos, podría abrir la puerta a la especulación. Se plantea además nuevos usos compatibles con la protección ambiental.