La polémica generada por el pago de dos cursos de alta dirección a los vicepresidentes primero y tercero de la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré y Ana Carmen Mata, a cargo del presupuesto de esta institución, no esconde sino una práctica habitual por parte del PSOE y del PP, los dos grandes partidos que en los últimos años se han repartido casi todo el poder público de la provincia, según confirmaron fuentes del sector de formación privada. Cierto es que, en la mayoría de los casos, los políticos que acceden a estos cursos lo hacen de forma becada, por lo que no abonan la misma cantidad que un alumno procedente del sector privado, aunque el pago de los cursos termina al fin saliendo de la institución en cuestión, más entendida como una inversión formativa que como gasto corriente.
En el caso de Andalucía, los convenios de las escuelas de negocios con las instituciones públicas pueden abarcar a ayuntamientos, diputaciones y al propio Gobierno andaluz. La práctica es por supuesto legal, aunque cabe la duda de si es éticamente reprochable, y más en una época en la que todas las instituciones vienen aplicando dolorosos recortes mientras, sin embargo, se mantienen fondos para una formación a cargos públicos reservada en el sector privado al ámbito de los altos directivos.
Es precisamente de este argumento del que ha tirado el PSOE para denunciar ahora los 14.500 euros abonados en el curso realizado por Oblaré y Mata en el Instituto San Telmo -a 7.250 euros por cabeza-. Fuentes del sector explican que en el caso de los cursos de Oblaré y Mata, la beca de San Telmo cubre el 50% del coste total del curso, fruto de un convenio específico con la Diputación.
En el PSOE se admite incluso que en otros momentos han podido ser sus cargos los beneficiados, pero reprochan al equipo de gobierno de la Diputación presidido por Elías Bendodo que mantengan estas asignaciones de fondos cuando las inversiones en los municipios se han minimizado. «Nos dicen que la situación económica es insostenible, recortan las obras en los pueblos, pero hay dinero para másteres y nuevos despachos», comentó ayer el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo.
Los socialistas pedirán el expediente completo para conocer «en profundidad» el informe de reparo que levantó en su momento el interventor provincial para autorizar estos cursos, y reclaman al equipo de gobierno que se devuelva «íntegramente» la cuantía de los mismos, para que sean Oblaré y Mata los que los sufraguen «de sus bolsillos». El PSOE afirma que actualmente también hay otros tres cargos del PP realizando cursos de alta dirección, en este caso con la escuela Esesa -Patricia del Cid, directora del Área de Medio Ambiente, Eva Fortes, asesora de Presidencia y Félix Lozano, director del Área de Turismo-.
Conejo criticó además que en los presupuestos provinciales de este año se haya recortado parte de la partida destinada a la formación de los trabajadores de esta administración, pasando de 191.700 euros a 170.000 euros, con una caída del 16%.
Por su parte, la portavoz de IU, Antonia Morillas, también secundó las críticas, calificando de «barbaridad» la actuación del PP «tanto en contenido como en cuantía». Según Morillas, los precios son «para echarse las manos a la cabeza», mientras que no se explica que, al mismo tiempo, «no haya dinero para la formación de los trabajadores».
El PP lo ve «con normalidad». En el PP, por contra, se quita hierro al asunto, recordando que la formación a los responsables políticos en la Diputación se viene practicando «desde años inmemoriales» con toda normalidad. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, reiteró que la formación no es un gasto sino una inversión y afirmó que en la actual etapa de la Diputación todos estos desembolsos se están desarrollando con transparencia. «Lo pagamos con fondos, se aprueba por decreto y la oposición tiene acceso a ello», aseguró Salado, que instó a los socialistas a que hagan ese mismo seguimiento «en otras administraciones», en velada referencia a la Junta de Andalucía. En concreto, Salado hizo referencia a los cursos de alta dirección realizados por la exdelegada del Gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, por al alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, o por exregidores socialistas como Cristóbal Fernández o José Garrido.
En el Partido Popular, Elías Bendodo, Francisco de la Torre y Carolina España han cursado estos másteres privados a cargo del presupuesto público, además del propio Salado, que insistió en que esta práctica «es ética y es legal».
Los populares también recordaron el caso del socialista Sebastián Rueda, que cuando fue diputado provincial en 2001 realizó un curso de control presupuestario por valor de más de 1.200 euros, y del exgerente del Consorcio Provincial de Bomberos José Luis Cámara, que también realizó otro en 2010 sobre técnicas de control presupuestario que costó 7.250 euros. En ambos casos pagó la Diputación, según la información facilitada por el PP, que sí pidió disculpas por haber mencionado también el caso del Defensor de la Diputación, Francisco Gutiérrez, que sí se lo pagó de su bolsillo.
