07 de marzo de 2012
07.03.2012
Caso 'Malaya'

Pedro Pérez niega pagos de Juan Antonio Roca

El exedil del PA en Marbella ha apuntado que si alguien le hubiera ofrecido alguna retribución ilegal lo habría denunciado

07.03.2012 | 17:32

El exconcejal del Partido Andalucista (PA) de Marbella Pedro Pérez, acusado en el caso 'Malaya', ha negado que recibiera dinero del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, ni siquiera a través del portavoz de su grupo y compañero de partido, Carlos Fernández --fugado--, y ha apuntado que si alguien le hubiera ofrecido alguna retribución ilegal lo habría denunciado.

"Si el señor Fernández me dice a mí o me insinúa que aquí se va a cobrar un duro fuera de mi nómina yo hubiera procedido como tenía que haber procedido, que es denunciando, y después me hubiera ido a mi casa, dimitiendo previamente", ha indicado Pérez, al que el fiscal Anticorrupción inicialmente acusa de haber percibido la cantidad de 30.000 euros y pide para él nueve años de prisión y 23 de inhabilitación.

Sobre las anotaciones que aparecen en los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, las cuales reflejan supuestos pagos de Roca, el exconcejal ha manifestado que sus amigos le conocen con el apodo de 'Chotis' y ha dicho no saber por qué aparecen las iniciales C.H. referidas a él asociadas a entregas de dinero, ni tampoco la razón de que Roca confirmara estos apuntes, ya que él no percibió dinero alguno.

"No me reconozco, ni reconozco estos pagos, ni a mí nadie me ha dado estos pagos, ni he recibido este dinero, ni por asomo, es imposible", ha insistido el acusado, quien ha justificado sus ingresos y distintas cantidades de dinero que los investigadores le achacan y ha recordado que no se ha encontrado aumento patrimonial una vez analizadas múltiples cuentas, no sólo suyas sino también de familiares.

Pérez ha declarado este miércoles en el juicio del caso 'Malaya' contestando primero, como el resto de miembros del entonces equipo de Gobierno, a preguntas del ministerio fiscal sobre la moción de censura que presentaron en 2003 concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), del PSOE y del PA contra el que era alcalde, Julián Muñoz, y que dio lugar al equipo de Gobierno tripartito, presidido por Marisol Yagüe.

Al respecto, el entonces edil ha señalado que en un acto, el entonces secretario nacional del PA, Antonio Ortega, habló "durante una hora" con Carlos Fernández y luego este último le comunicó que "le ha transmitido al máximo responsable del partido que hay en marcha una moción de censura y que él está hablando con miembros del GIL y del PSOE", apuntando que un acuerdo con esta última formación era "una garantía" al gobernar en la Junta de Andalucía.

El ex andalucista ha indicado en su declaración que la moción de censura se llevó a cabo por razones políticas "y no por otra cosa" y que en su caso fue porque "no estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas en ese momento ni anteriormente" y porque "me dolía cómo se hablaba de mi pueblo", aunque también la apoyó por "disciplina de partido", ya que, ha recordado, "el secretario nacional del partido había dado el visto bueno".

Ha señalado que en ningún momento Fernández le dijo que había hablado con el exregidor Jesús Gil sobre la moción de censura, apuntando que "no tenía buena relación" con él y que si se lo hubiera dicho "seguramente mi decisión hubiera sido otra". También ha señalado que no supo que había negociaciones con Roca, al que "no conocía", del que no sabía los negocios que tenía ni le mandaba en su labor diaria en el Ayuntamiento.

Urbanismo. Respecto al urbanismo, ha dicho no tener conciencia de haber cometido actos injustos con la aprobación de resoluciones urbanísticas, aunque ha incidido en que su trabajo no estaba relacionado con este área. Ha señalado que el acuerdo al que se llegó cuando se formó el tripartito fue no dar permisos de obras que no se ajustaran al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y ha afirmado que no recuerda reparos del interventor.

Pérez ha asegurado que nadie le advirtió de que había que revisar licencias anteriores y ha apuntado que si los técnicos se lo hubieran dicho "mi opinión es que se revise, como si me dice que hay que revisar las 30.000 viviendas", ha incidido y ha añadido que las resoluciones se aprobaban o rechazaban en función de la legalidad que marcaban y de la que informaban los técnicos, y sin saber qué empresario estaba detrás de cada licencia.

Ha negado tajantemente que alguien le pidiera, ordenara o propusiera el sentido del voto en las comisiones de gobierno o plenos para resoluciones urbanísticas y ha incidido en que antes de las ratificaciones de los permisos había informes de estos técnicos y de asesores jurídicos, como Raquel Escobar. Sobre los convenios, ha señalado que no estuvo en las negociaciones y en algunos casos no sabía que se habían suscritos.

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