La candidata número uno por el PP de Málaga al Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña, se comprometió ayer a crear un fondo de pagos dirigido a los trabajadores acogidos a expedientes de regulación legales que han dejado de cobrar al destaparse la trama del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en el caso de que su formación gobierne la Junta de Andalucía.

Según explicó la también alcaldesa de Fuengirola, «a través de este entramado diversas personas vinculadas al PSOE estaban cobrando prejubilaciones sin haber trabajado nunca en la empresa en cuestión, dando lugar a que todos estos procedimientos quedasen paralizados». De esta forma, «aquellos empleados que legalmente debían recibir pagos por su prejubilación o jubilación se han visto perjudicados», indicó, por lo que insistió en «la necesidad de rescatar todo aquel dinero que se haya gastado indebidamente y dirigirlo para hacer frente a lo que se adeuda a estos trabajadores».

Oña habló así, junto al también candidato Víctor González, tras reunirse con más de 70 trabajadores de Hitemasa afectados por esta situación. En este caso, del ERE llevado a cabo en 2001 hay 33 trabajadores que aún no se han jubilado y que no están recibiendo nada desde hace «más de un año», y otros 180 jubilados que no están recibiendo junto a su retribución de la Seguridad Social el complemento que se negoció en el momento de tramitarse el expediente.

En el caso del ERE que se negoció en 2004, hay 196 trabajadores en prejubilación que se encuentran en la misma situación, aunque en este caso sí tienen asegurado el cobro hasta 2015 porque han renegociado una segunda póliza, «pero se les plantea una incertidumbre de ahí en adelante», aseguró.

Sin exclusiones. Por ello, solicitó a los trabajadores de Hitemasa una relación de los trabajadores que se irán jubilando de 2015 en adelante, para «garantizar los pagos hasta el final del proceso»; al tiempo que propuso que estos procedimientos «no queden frenados por culpa del fraude de los ERE», de forma que aquellos trabajadores legales puedan seguir recibiendo las retribuciones negociadas y que sólo queden excluidos aquellos «intrusos» que nunca trabajaron en las empresas afectadas.

Oña recordó que esta iniciativa fue planteada en la Cámara andaluza en esta legislatura, junto a una batería de medidas «para intentar solventar el problema, pero contó con el rechazo del PSOE». «No hay peor fraude que el que se comete con el dinero de los trabajadores en paro» afirmó.