Parecen los términos antagónicos de una ecuación imposible, pero despejar las incógnitas de forma ordenada a veces permite llegar al resultado final con éxito. El juicio del caso Malaya debía durar un año, pero el voluminoso sumario, la entidad y complejidad de los delitos investigados y el hecho de que finalmente no se haya llegado a ningún pacto que acelerase el procedimiento han propiciado que ya se hayan alcanzado los 22 meses de plenario y que aún el final quede lejos. Sin embargo, el ritmo calculado puede parecer lento, pero lo cierto es que el tribunal que preside José Godino ha tratado de imprimir una velocidad de crucero a esta patata caliente sin que se vulnerasen los derechos de los imputados, dado que cualquier lesión de los mismos podría suponer que Malaya fuera tumbada, en un momento, en el Tribunal Supremo.

Aunque evidentemente el sumario del 11 de marzo encerraba delitos más graves, Malaya está repleto de dificilísimas figuras delictivas económicas cuyo descubrimiento y análisis requieren de sosiego y firmeza. Además, cada bloque de delitos ha supuesto la repetición, a veces, de determinadas declaraciones, aunque la novedosa estructura de la vista ha sido un acierto.

Algunos expertos han criticado que estos macroprocesos se llevan por el camino los derechos de los imputados, pero en este caso la Audiencia Provincial ha sido elogiada por su capacidad organizativa y por el respeto a la integridad personal de los encausados, pese a la inevitable pena de banquillo a la que han tenido que ser sometidos tras una larguísima investigación.

La ejemplaridad que ha tratado de imprimir la Fiscalía Anticorrupción en sus peticiones de pena choca con la opinión de algunos letrados consultados por este periódico, que consideran que la sentencia podría ser más laxa de lo que en un principio parece, sobre todo después de que algunos acuerdos entre acusación pública y acusados hayan sido generosos con el futuro procesal de los segundos.