La Junta de Andalucía y la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) mostraron ayer su rechazo al decreto del Gobierno que recoge la suspensión temporal de incentivos a las nuevas instalaciones de energías renovables. La medida afectará en la provincia de Málaga a 17 instalaciones, con una inversión comprometida superior a los 350 millones de euros. Esta suspensión amenazaría así a unos 878 puestos de trabajo en 13 municipios de Málaga, en concreto, Almargen, Álora, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete, Casares, Cuevas del Becerro, Estepona, Málaga, Sierra de Yeguas y Abdalajís.
El decreto ley aprobado por el Gobierno recoge la suspensión temporal de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Susana Radío, acompañada por la responsable de Economía, Innovación y Ciencia, Marta Rueda, mantuvieron una reunión con representantes de Aprean, entre ellos su presidente, Mariano Barroso, quienes les mostraron su preocupación por la normativa.
Durante el encuentro, Radío explicó que el decreto suspende la incorporación de más instalaciones en el registro de preasignación de retribución, el sistema por el que las empresas de renovables recibían los incentivos económicos que les han permitido funcionar y expandirse en los últimos años.
El sector de las renovables ha permitido en los últimos cuatro años la creación de 44.000 puestos de trabajo a nivel nacional y, según los datos que maneja Aprean, se podrían llegar a los 100.000 empleos a medio plazo.
«Esta postura del Gobierno ataca directamente al empresariado que apuesta por abrirse camino en este sector y, de paso, hacer una gran contribución a la estructura económica. Además, es un mazazo a la política que buscamos desde el Gobierno de Griñán, que no persigue otra cosa que animar a emprender, animar a invertir y, por lo tanto, a animar la economía en general», aseguró Radío.
«Un palo para el sector». Por su parte, el presidente de Aprean manifestó que el nuevo decreto ley supone el «mayor palo» recibido en la historia del sector ya que propiciará la pérdida de muchos empleos.
«De no dar marcha atrás vamos a perder una gran cantidad de trabajadores altamente cualificados y que
probablemente emigrarán a otros países», auguró Barroso, que aseguró que la decisión del Gobierno no se debe a un problema presupuestario sino a una mala planificación política que está generando una gran incertidumbre.
