15 de marzo de 2012
15.03.2012
Caso 'Malaya'

Exediles vuelven a insistir en que la Junta inspiró la moción a Julián Muñoz

«Estaba la Junta detrás siempre», dijo Rafael Calleja. Cinco exconcejales niegan que Roca les pagase

15.03.2012 | 06:30

«Jesús Gil me dijo que había pactado con la Junta, con el PSOE y con el PA, y que iba a entregar el partido al PSOE. El urbanismo lo iban a llevar ellos. Estaba la Junta detrás siempre». Esta frase de Rafael Calleja, exedil marbellí que declaró ayer en el juicio del caso Malaya, esboza a la perfección la que ha sido principal estrategia defensiva de los encausados en este proceso contra la corrupción urbanística. Lo mismo hizo, de hecho, el exconcejal José Luis Fernández Garrosa.

El exedil indicó después: «Estaba convencido de que si nos habíamos embarcado en esta aventura con enemigos tan irreconciliables como Isabel García Marcos y Carlos Fernández –portavoces del grupo socialista y andalucista– era para conseguir algo realmente interesante» de cara a los problemas de Marbella.

Los cinco exconcejales que declararon ayer negaron haber recibido un solo euro de Juan Antonio Roca o alguno de sus sobres. Antonio Luque, Emilio Jorrín y María José Lanzat son los otros tres exconcejales que declararon ayer. Eso sí, Garrosa admitió los pagos en la instrucción, aunque ayer adujo que lo hizo para no ir a prisión, lo que indignó a Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción.
Rafael Calleja insistió en que hubo contactos con Gaspar Zarrías y Manuel Chaves a través de intermediarios; y, de hecho, la Junta obligó a la alcaldesa, Marisol Yagüe, a cesar en sus funciones como gerente de Urbanismo a Juan Antonio Roca. «Roca era Gil», precisó el exconcejal.

Declaraciones en casa. Asimismo, hay tres acusados que pasan por un delicado momento de salud: el exedil Miguel Jiménez Guerra, el exsecretario Leopoldo Barrantes y el tasador José Mora. Así, para evitar que se desplacen a la Ciudad de la Justicia, la Sala ofreció a los abogados la posibilidad de que declaren en sus casas en presencia del fiscal Anticorrupción, un letrado en representación de todas las defensas, la secretaria y su representante. Antes, se consultará a médicos forenses y a los facultativos de los encausados sobre la conveniencia de esta medida. En unos días el tribunal decidirá.

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