Los ayuntamientos de Málaga interesados en zanjar su deuda con los proveedores a través del plan de préstamos del Gobierno estudian estos días la manera de cumplir con los requisitos que plantea la administración. El primero, que exige la presentación de la relación de las facturas pendientes de pago, se presume en una tarea compiladora y sencilla; lo difícil, en estos tiempos de crisis, es el segundo, el plan de viabilidad, que deberá enviarse a Madrid antes del 31 de marzo.

Los municipios tratan de resolver el rompecabezas de los recortes con programas de control del gasto. En algunos, cuyas deudas superan el centenar de euros, se antoja especialmente complicado. El personal consume un tercio de los recursos de los consistorios, si bien pocas las localidades que se han mostrado proclives, de momento, a justificar su plan de viabilidad con el reajuste de las plantillas municipales. Torremolinos, que despidió a 59 trabajadores en septiembre, no parece predispuesto a sacrificar más empleados. Benalmádena, por ejemplo, también se niega a adelgazar su nómina de trabajadores. En otros puntos como Rincón de la Victoria, el plan servirá para arbitrar nuevas medidas de ahorro como la reducción de los complementos salariales de los empleados públicos, una propuesta que se está negociando actualmente con los sindicatos.

Las exigencias del Gobierno urge a los ayuntamientos a dar una respuesta a los nuevos tiempos de austeridad presupuestaria; Vélez-Málaga piensa desplazar su fórmula de recorte a áreas como Cultura, Ferias y Fiestas, además de rebajar su consumo telefónico y material de oficina. «Tendremos que hacer un esfuerzo y endurecer la actividad económica y financiera, con una importante reducción del gasto», resumen fuentes municipales de Ronda. La capital no solicitará los créditos gubernamentales al estar al día con los pagos.