El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ofreció ayer una rueda de prensa a las puertas del Patronato de Recaudación Provincial, en el PTA, en la que aseguró que los afectados por la operación Tristán son cuatro trabajadores de la Unidad de Gestión Catastral: dos hombres y dos mujeres; tres de ellos auxiliares y un delineante. Así, afirmó que la Diputación se personará como acusación particular en el caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín para «limpiar la imagen de la institución». «Cuando sucedió nos personamos como PP y pedimos una comisión de investigación cuando PSOE e IU estaban en el Gobierno, y se nos anunció que se iba a personar pero nos hemos encontrado con que no lo hicieron», aclaró. Así, aseguró que la colaboración ha sido total con la Fiscalía Anticorrupción, la juez y la Guardia Civil, que se incautó de varias cajas de documentos así como de diverso material informático para su análisis en todos y cada uno de los registros. De hecho, el del Patronato duró todo el día.
