La fusión entre Unicaja Banco y Banco Caja España-Duero (Banco Ceiss) requerirá ayudas públicas que oscilarán entre 475 y 1.500 millones de euros, según un comunicado remitido hoy por la entidad andaluza.

Para alcanzar un objetivo de "ratio de capital principal superior al 10 por ciento" en la entidad resultante de la fusión (Grupo Unicaja/Ceiss), Unicaja Banco dispondrá de hasta 1.025 millones de euros de la entidad pública Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Así, ha precisado que Unicaja Banco, "tendrá abierta una línea de disponibilidad -en el FROB- de obligaciones convertibles desde 375 millones de euros y hasta un límite de 1.025 millones de euros", mientras que Banco Ceiss pedirá "475 millones en obligaciones convertibles" que suscribirá el FROB.

Para alcanzar la estructura de capital prevista, Banco Ceiss seguirá contando con los 525 millones de euros en participaciones preferentes suscritos con anterioridad por el FROB.

La integración de las entidades se materializará mediante la participación de Banco Ceiss en el capital de Unicaja Banco, hasta ahora totalmente propiedad de Unicaja y que pasará a estar controlado en un 30 por ciento por la entidad dependiente de las cajas castellano-leonesas, Banco Ceiss.

Respecto a los detalles de la integración, Banco Ceiss traspasará "todo el negocio y depósitos de clientes a Unicaja Banco, bajo cuya garantía quedarán los mismos".

De acuerdo con el comunicado, "la nueva entidad contará con unos elevados niveles de solvencia y dará lugar al mayor tercer grupo de cajas de ahorros, con unos activos totales aproximados de 80.000 millones de euros y un volumen de negocio bancario de 120.000 millones de euros".

Además, ha precisado que "ambas entidades comparten el propósito del Ministerio de Economía y el Banco de España de avanzar en el proceso de consolidación del sistema financiero" y ha añadido que "próximamente se modificará el contrato de integración para adecuarlo a esta nueva situación".

El nuevo grupo Unicaja/Ceiss, con presencia en prácticamente todo el ámbito nacional, tiene una implantación principal en las comunidades autónomas de Castilla y León y Andalucía.