Tres exdirectivos de la empresa de autobuses Portillo han asegurado hoy que dieron "largas" al exconcejal de Marbella Victoriano Rodríguez -ya fallecido- cuando les exigió en 2006 el pago de 390.000 euros para adjudicarles la explotación de la estación de autobuses de esta localidad malagueña.
Durante su declaración en el juicio del "caso Malaya" contra la corrupción en Marbella, el que fuera gerente de Portillo, Julio de Marco; el exdirector de Redes de CTSA, José María Pérez Lozano, y el entonces director general de FCC Connex, Joaquín Martínez-Vilanova -todos imputados por cohecho activo-, han mantenido que no accedieron a la petición del exedil.
De Marco ha explicado que él trasladó a sus superiores en Madrid la exigencia del entonces concejal de Transportes, y que éstos le pidieron que le "tranquilizase" y le intentara "dar largas el mayor tiempo posible" diciéndole que iban a estudiar la oferta.
Ha recordado que CTSA-Portillo ya era la adjudicataria de la estación, y finalmente la única empresa que concurrió al concurso convocado por el Ayuntamiento de Marbella -para cuya concesión exigía Rodríguez el dinero-, lo que hizo que el edil intentara presionarle para fijar unos plazos.
El exgerente de Portillo ha afirmado que el edil le presionó durante dos meses y él le dio largas igual tiempo y cambió un mínimo de seis veces el plazo para abordar la oferta, sin que hubiese en ese periodo ninguna aceptación de pago.
En este sentido se ha pronunciado también el que fuera director de Redes de CTSA, José María Pérez Lozano, quien ha declarado que él no era partidario de pagar a Rodríguez, y ha apuntado que aunque la situación era "tensa", la empresa no podía pedirle a De Marco otra cosa que "le diese largas", con lo que pretendían ganar tiempo y que el edil cambiara de actitud.
El procesado Martínez Vilanova ha aludido a la rigurosidad de los controles de la empresa -CTSA es una filial de FCC, que adquirió en 2001 el 50 por ciento de las acciones de Autobuses Portillo, mientras que la otra mitad es de Veolia- y ha calificado la exigencia del edil de "económicamente irracional", mientras que ha opinado que en lo personal suponía un "riesgo desmesurado".
Ha argumentado que el transporte de Marbella representaba el 0,6 por ciento del volumen de negocio de la empresa, y ha dicho que él acordó "dar largas" a la exigencia de Victoriano Rodríguez.
Los tres exdirectivos de Portillo, todos ellos imputados por cohecho activo para acto injusto, se enfrentan a un año de prisión y una multa de 780.000 euros cada uno.
Según el fiscal, De Marco puso en conocimiento de sus superiores en la compañía, Martínez-Vilanova y Pérez-Lozano, las exigencias económicas que se le hacían desde el Ayuntamiento de Marbella, lo que fue aceptado por éstos, quienes se conformaron con realizar el pago e iniciaron las negociaciones para conseguir una rebaja.
En estas negociaciones medió el empresario Ismael Pérez Peña, también procesado, por su amistad con el entonces edil Victoriano Rodríguez, según sostiene el ministerio público.
El juicio, que se inició en septiembre de 2010, afronta mañana su sesión número 149, en la que está prevista la comparecencia del exalcalde de Marbella Julián Muñoz.
