De las once empresas farmacéuticas adjudicatarias de la subasta de medicamentos planteada por la Junta de Andalucía, sólo cuatro acudieron ayer a firmar los contratos para proveer fármacos a la Consejería de la Salud. Industria Química Farmacéutica VIR, Uxafarma, Medinsa Laboratorios y Aurobindo asistieron al encuentro para formalizar el contrato, tal y como habían previsto.

Las siete restantes, Ranbaxy, Jassen Cliag, Mycomed Pharma, Abbott, Sanofi, Bayer y UCBPharma se abstuvieron de presentarse en la cita, aunque previamente ya lo anunciaron a través de un comunicado escrito. Una respuesta que «está justificada», según el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), y una muestra de la «desconfianza que genera dentro del sector una medida que está abocada a terminar en el Tribunal Constitucional».

La subasta de moléculas «vulnera» la normativa sobre fijación del precio de los medicamentos y sobre financiación del Sistema Nacional de Salud, según el recurso presentado por el Cacof contra la medida. Asimismo, asegura que crea «desigualdades» entre los ciudadanos al limitar el catálogo de prestaciones disminuyendo los derechos en la elección de fármacos.

La Consejería de Salud pretende ahorrar con esta medida unos 40 millones de euros a través de la dispensación de medicamentos anticoagulantes, protectores gástricos y tratamientos contra el colesterol. Sin embargo, los farmacéuticos andaluces creen que «estos supuestos ahorros están aún por demostrar» y que sólo el tiempo dirá si «el coste de esta subasta en términos de inversión, empleo y sobre todo de I+D no representa una factura mayor de la que se pretende ahorrar».

En mitad de esta polémica, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Junta se han intercambiado acusaciones sobre supuestas presiones para entorpecer la medida. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero anunció ayer que su departamento estudia llevar al fiscal la actuación del Ministerio de Sanidad «contra la subasta de medicamentos» .

Según la consejera, «las empresas farmacéuticas denunciaron que estaban recibiendo presiones por parte del Gobierno central para que no se firmaran los contratos» y acusó a los responsables del Partido Popular andaluz en esta materia, Ana María Corredera y Jesús Aguirre, de maniobrar el jueves por la tarde para impedir este contrato.

Montero calificó la actuación del Ministerio como «hechos extraordinariamente graves» y recordó que la subasta de fármacos fue la fórmula elegida por su departamento «para reducir la factura farmacéutica sin que tuviera repercusión en la calidad de la prestación ni en el bolsillo de los ciudadanos». Una medida que defendió para impedir «lo que está empezando a suceder en otras comunidades, que han preferido optar por el camino fácil de cobrar un euro por receta».

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, negó «haber ejercido algún tipo de presión» contra los laboratorios farmacéuticos para que no firmaran el convenio de subasta de medicamentos.

Además, recordaron a la Junta que Sanidad «siempre se ha mostrado abierta al diálogo», a fin de poder llegar a un acuerdo que impidiese impugnar una norma que, como reconoció la propia ministra recientemente, «no tiene suficientes requisitos de transparencia y garantías, rompe con la unidad de mercado y afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles».

La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer, declinó por su parte contestar a las preguntas de los periodistas sobre sobre las presuntas presiones a los laboratorios farmacéuticos.