Los tiempos cambian y la política, que encubre en su seno el arte de la representación, también. Por eso el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha sabido acomodarse a los nuevos tiempos y ha pasado de ser un ariete contra la gestión del anterior gobierno de Zapatero a aplaudir y respaldar todo lo que provenga del nuevo Gobierno de Rajoy.

En la oposición, especialmente la socialista, ha pasado igual y ahora tratan de convertir el pleno del Ayuntamiento en un escenario para fustigar las decisiones del nuevo ejecutivo.

Por eso en un pleno de trámite, sin apenas hondura ni debate político, que sirvió más de penitencia en estas fechas de Semana Santa, la sesión de ayer vivió ese nuevo intercambio de papeles. El PSOE e IU se apresuraron en presentar respectivamente dos mociones en las que instaban a rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado el viernes por el Gobierno, «el más agresivo y mas dañino de la democracia».

Debate medido. Más allá de la aritmética de los votos, que da al PP una amplia mayoría para rechazar ambas mociones, la portavoz de Economía, María del Mar Martín Rojo, hizo una elemental defensa del proyecto presupuestario, que presentó como único posible «tras la debacle de los 90.000 millones de déficit que dejó el anterior gobierno».

PSOE e IU utilizaron un amplio bagaje de armamento político contra el proyecto presupuestario. De manera especial el grupo socialista se centró en el recorte de las políticas activas de empleo, como uno de los puntos más regresivos del proyecto «sobre todo en Málaga que tiene una de las mayores cifras de paro de España, superior al 30 por ciento», aseguró su portavoz, María Gámez, que añadió que solo este aspecto descalifica «totalmente» al presupuesto «que solo servirá para destruir más empleo; es un serio error y una decisión dañina en un escenario de crisis, de enorme cifra de paro y desasosiego donde debía prevalecer la garantía de los derechos de los trabajadores».

«Por eso le vamos a pedir que rectifique y no cometa semejantes tijeretazos» en esta materia, insistió la portavoz socialista.

Moreno Brenes, portavoz de IU, fue muy contundente en su exposición. Las medidas extraordinarias y ajustes urgentes que contempla el proyecto de presupuesto constituyen «un conjunto de despropósitos que van a intentar vender por la vía de las restricciones», con una rebaja del gasto público «realmente drástica», compaginada con una amnistía fiscal. Brenes explicó que en un país con uno de los índices de fraude fiscal más altos de Europa, «el dar una amnistía fiscal a los que defraudan retrata muy bien al Gobierno y deja claro qué intereses defiende y cuáles deja en la cuneta».

Moreno Brenes defendió que «hay soluciones técnicas, jurídicas, políticas muy distintas a estas» pero en cambio «en pocos meses se está asistiendo en España a un desmantelamiento progresivo del estado social y democrático de derechos».

En los bancos del equipo de gobierno, la concejala de Economía, María del Mar Martín Rojo, se limitó a tirar de manual y desbaratar las arremetidas de la oposición señalando que con este proyecto de presupuesto, lo que el Gobierno central está planteando son «los mecanismos necesarios para corregir el enorme caos que el Gobierno socialista ha dejado como herencia a la sociedad española». Por esos las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Rajoy son «una necesidad absoluta, que requiere un compromiso y un esfuerzo de todos para devolver a España al lugar donde estaba».