06 de abril de 2012
06.04.2012
La Araña

Un juicio con bases en el siglo XVIII

Financiera y Minera ganó el año pasado un juicio al Estado por la propiedad de un antiguo edificio junto a la cementera

06.04.2012 | 07:00
Vista general de la casa y la portada conmemorativa de la construcción del Camino de Vélez, de 1789

La parte demandante empleó una documentación de 1789 sobre el Camino de Vélez

Pocas veces una disputa judicial utiliza como prueba un documento de finales del XVIII conservado en el Archivo Municipal, pero es lo que hizo el año pasado la Delegación de Economía y Hacienda, defendida por la Abogacía del Estado, en su demanda contra la Sociedad Financiera y Minera al considerar que el Estado era propietario de dos parcelas, en principio en terrenos de esta fábrica.

Se trata de una vivienda y su huerto, y parte de la construcción aparece reproducida en el catálogo de edificios protegidos del actual PGOU porque lleva adosado uno de los dos pilares de la puerta conmemorativa de la finalización de las obras del Camino de Vélez en 1786, en tiempos de Carlos III. La portada cuenta con protección arquitectónica de primer grado mientras que la casa carece de protección.

La vivienda, por cierto, estaba siendo arrendada por Financiera y Minera a varias generaciones de la familia Ruiz –por trabajar en la fábrica– al menos desde 1934, cuando ya aparece en el catastro a nombre de la cementera, según informa la sentencia, del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Málaga.

Fue un miembro de esta familia el que inició el expediente de investigación patrimonial y los abogados del Estado querían demostrar que la casa era en realidad la antigua Venta Aduana del Cantal de la Cruz –las clásicas aduanas situadas a las entradas de las ciudades– y que pertenecía al Estado.

Para ello, se basó en la investigación histórica patrimonial que partía de un documento del Archivo Municipal publicado en 1789, cuyo título abreviado es la Relación de Obras que se han ejecutado en los Caminos de Málaga a Vélez. En él aparecía una venta, llamada de la Cruz, junto a la que se construyeron dos pirámides de jaspe.
Sin embargo, los abogados de la cementera adujeron que el edificio no era en realidad esa antigua venta o al menos, no resultaba acreditado que fuera. Los letrados utilizaron el mismo libro del Archivo Municipal para señalar que en esa relación de 1789, la venta aduana se encuentra «muy lejos de las pirámides de jaspe y no al lado», como señalaban los abogados del Estado.

Además, la Venta del Cantal de la Cruz aparece en ese libro antes del puente del Judío (por la zona pasa el arroyo del Judío), cuando la vivienda objeto del juicio se encuentra «más allá del citado puente, en dirección a Vélez», se recoge en la sentencia.

Otra prueba aportada por los abogados de Financiera y Minera es la escritura pública de propiedad del edificio, otorgada en el año 1921. Por esta escritura se conoce, como documento más antiguo, la donación de la casa hecha a un propietario más antiguo por sus padres en 1910.

La misma propiedad referida a la fábrica de La Araña aparece en otros escritos de 1925 y 1944, además de la inscripción en el catastro ya mencionada.

Por todo ello, el juzgado desestimó la demanda por dos razones, en primer lugar porque el Estado no pudo acreditar que la finca era la que figura en el documento de 1789 y en segundo lugar, al estar inscrita en el catastro a nombre de la cementera desde los años 30, la finca ha sido adquirida por la cementera por usucapión (propietario por el uso continuado en el tiempo).

Fuentes de Patrimonio del Estado fundamentaron la decisión de no recurrir la sentencia por la debilidad de las pruebas documentales y admitieron que la fábrica de cemento puede hacer «lo que quiera» con la casa.

En 2006 la cementera, de la multinacional italiana Italcementi, demolió en sus terrenos la conocida como casa del director, levantada hacia 1925 y de estilo regionalista, atribuida al arquitecto Guerrero Strachan pero finalmente obra del ingeniero de Caminos Manuel Benítez. Tanto el Colegio de Arquitectos de Málaga como el departamento de Historia del Arte de la UMA se opusieron al derribo y reclamaron su conservación.

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