08 de abril de 2012
08.04.2012
Playas

Empresarios cifran en más de la mitad las concesiones pendientes de renovar

Un año después de la transferencia critican que no se haya hecho nada y afirman que seguirán presionando

08.04.2012 | 07:00
Faeplayas asegura que la situación es similar en toda la región.

Un año después de la transferencia de la gestión del litoral a Andalucía la situación no ha variado. Los empresarios de playas de la Comunidad Autónoma cifran en más de un 50 por ciento las concesiones que están pendientes de renovación, lo que supone inseguridad para el sector.

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, manifestó que esta situación es generalizada en toda la región, no obstante, Málaga es la más afectada ya que cuenta con más del 40 por ciento de las instalaciones andaluzas. «En Almería, Cádiz o Huelva hay más autorizaciones que concesiones», especificó.

La administración se escuda, según indicó el empresario, en que los que no tienen la concesión al día tienen autorizaciones actualizadas; sin embargo esto significa para el sector «mucha incertidumbre» ya que son por un año, lo que no invita a realizar grandes inversiones en estas instalaciones. Las concesiones deben ser, a juicio de Del Castillo, de 30 años, con periodos, si se quiere, de 15 años más otros 15; no obstante, ha recordado que en caso de haber algún tipo de problema o incumplimiento grave por parte de estas instalaciones se le podría retirar la concesión, lo cual ya incluye la Ley de Costas. La transferencia de la gestión del litoral a la Junta de Andalucía se hizo efectiva el 1 de abril de 2011, sin embargo, según el presidente de los empresarios de playas andaluces, «no se ha avanzado nada». En ello han tenido que ver, a su juicio, las tres elecciones celebradas –municipales, generales y autonómicas– y que se haya transferido la gestión «pero no la economía». Así, confió en que la situación mejore en cuanto tome posesión el nuevo Gobierno andaluz. «Esperemos que la situación mejore y no sea conflictiva y se descongestione», recalcó Norberto del Castillo.

Gastos. Un restaurante de playa conlleva gastos de luz, agua, telefonía, trabajos de albañilería, etcétera, «y con autorizaciones anuales es más difícil que se hagan obras de mejora». Además, recordó que esto también perjudica a la contratación de personal, puesto que no hay seguridad de que la actividad pueda continuar al año siguiente. A ello se une una situación económica «mala», por lo que el hacer frente a inversiones es más complicado «porque no sabemos cuándo se amortizará».

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