Diez millones menos entre educación y sanidad. La tijera perfila los bordes del fieltro de la prestación de los servicios básicos y la apuesta por la formación de las futuras generaciones. Es lo que tiene la crisis. Hasta ahora el Gobierno de Rajoy ha anunciado una bomba, como la califican los sindicatos, pero por el momento se desconoce dónde puede explotar y dónde puede provocar más daños con su onda expansiva de reducción presupuestaria. Se intuyen 3.000 millones menos en educación.
En cualquier caso, los representantes sindicales consultados ayer por este periódico coinciden en señalar que estos nuevos recortes anunciados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy conllevarán una reducción en el empleo y afectarán a la calidad de la enseñanza. ¿Cómo? Eso está por ver. Aún hay que leer la letra pequeña y el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones.
Ramoni Ruiz, presidenta provincial del Sector de Enseñanza del sindicato CSIF en Málaga, con representación mayoritaria en la mesa sectorial de educación, sospecha que estas nuevas medidas de racionalización del gasto en colegios, institutos y facultades van a ir en la línea de «dar más hora de trabajo al profesorado y aumentar la ratio».
En la actualidad, la ratio máxima autorizada en España es de 25 alumnos en Primaria y de 31 en Secundaria, aunque las comunidades autónomas disponen de un margen para incrementar esas cifras hasta los 27 y los 33 alumnos, respectivamente, en circunstancias excepcionales. Es, de hecho, el último recurso que asume la administración educativa cuando la demanda supera la oferta en determinadas zonas de escolarización, algo común cada año.
Los sindicatos siempre han reivindicado una reducción de este número de alumnos por aula, para aumentar la calidad de la enseñanza, ya que las clases son cada vez más heterogéneas y necesitan de una atención más personalizada.
Que se explique Rajoy. «Realmente no estamos de acuerdo para nada con que se produzcan recortes en educación, pero tenemos que esperar a ver cómo se puede traducir y cómo puede repercutir realmente en el alumnado, cuando Rajoy se exprese claramente», explica Ramoni Ruiz.
CCOO también califica de forma negativa este anuncio. El secretario general de Enseñanza de este sindicato en la provincia de Málaga, José Fernández, acusa al Gobierno de mentir. «Mintieron y nos siguen mintiendo», asegura en la misma línea que el secretario general, Antonio Herrera: «Nos encontramos ante un nuevo fraude del Ejecutivo a la ciudadanía que supone una vulneración a la Constitución Española del derecho a la educación y a la sanidad pública que rompe la igualdad, la universalidad y la equidad en las prestaciones sociales».
CCOO considera que estos recortes «podrían repercutir una reducción de personal, también de recursos materiales,
en el mantenimiento de centros educativos, reducción de becas así como en el aumento del coste de las matrículas». Fernández explica que aún desconocen a qué capítulos va a afectar estos nuevos recortes, personal, medios técnicos, infraestructuras, programas de atención a la diversidad y proyectos educativos. «Va a ser una reducción brutal y eso no es optimizar recursos ni ser más o menos austeros», concluye.
«Aplicar la razonabilidad». Teresa Blanca, secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT de Málaga, dice que aún es pronto para poder conocer la repercusión que estas nuevas medidas anunciadas puede tener en la educación, «que no se libra de la crisis, pero hay que aplicar la razonabilidad».
Según Blanca, el Gobierno está renunciando a «reactivar la economía, crear empleo y apostar por el futuro». Según la responsable de UGT estos recortes «tan drásticos» son pasos atrás sobre lo que ya se ha conseguido y, «en estos casos, se suelen empeorar las condiciones laborales, ampliar la ratio, que es muy pernicioso, y merma la calidad de la enseñanza», resume Teresa Blanca.
«Ahorrar en educación es lo más caro que le va a costar a este país». Pilar Triguero, responsable de FDAPA, califica de «lamentable y vergonzoso» el anuncio de Rajoy de ahorrar otros 3.000 euros de los presupuestos en partidas de educación. « Estamos en España, donde tradicionalmente se dice que nuestra inversión es inferior a la de la media de los países europeos. No podemos recortar una inversión, que ya es menor, y decir que lo hacemos para equipararnos con otros países», critica esta representante de los padres.
«Es curioso que se esté hablando que hay que ahorrar. Se puede hacer en Defensa, en la asignación que reciben los partidos, la Iglesia Católica, la rebaja fiscal a los que han defraudado durante años a Hacienda. Pero ahorrar en educación es lo que más caro le va a costar a este país durante muchos años. El recorte no se va a medir ahora, sino que se va a pagar durante muchos años y lo sufrirán quienes tienen que sostener este país, los niños y niñas», asegura. «Se están cargando el estado de bienestar», dice.
