Las tesis de la canciller alemana Ángela Merkel, actual líder de facto de la Unión Europa, y de los insaciables y anónimos mercados han obligado España a aplicar un durísimo plan de ajuste que amenaza con dejar secos a los ciudadanos, a las empresas y a las propias administraciones. La austeridad se ha impuesto como llave de salida a la crisis pese al creciente escepticismo de muchos economistas que, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, consideran inviable salir de esta situación sólo mediante la política del tijeretazo. El Gobierno de Rajoy, sin embargo, pregona que no hay alternativa y que todos los sacrificios son asumibles con tal de alejar el fantasma del rescate, una posibilidad infinitamente peor que cualquier recorte. El primer golpe de este austero 2012 fue una subida temporal de impuestos vía IRPF, pese a que Mariano Rajoy había descartado esta medida en campaña. Le siguieron luego unos durísimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a cumplir con la reducción del déficit impuesta este año por Bruselas de un 8,5% al 5,3%. El resultado para los malagueños: mordiscos al sueldo, salarios de funcionarios congelados, inversiones en obra pública en sus mínimos históricos y supresión de partidas para educación o sanidad.

El primer mordisco, al propio sueldo

Los primeros recortes en llegar y los más directos para el bolsillo han afectado al propio sueldo de los trabajadores. El Gobierno ha aprobado una subida del IRPF para los años 2012 y 2013 que comenzó a notarse en las nóminas de este pasado mes de febrero. Según los cálculos del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en el caso de la provincia de Málaga, la rebaja media en las nóminas está siendo de 13,7 euros al mes, para un total anual de 164,5 euros. No obstante, la subida es progresiva.

De este modo, los más 332.000 asalariados malagueños del primer tramo de base liquidable (hasta 17.707 euros de ingresos anuales) apenas se están viendo afectados, ya que la retención sólo sube en 1,6 euros al mes. El impacto comienza a notarse entre los 146.376 trabajadores con ingresos en el tramo de 17.707 a 33.000 euros, cuyo recargo alcanza los 13,5 euros mensuales. En cuanto a los 49.918 trabajadores del siguiente tramo (de 33.000 a 53.400 euros al año) el recorte extra se eleva a los 40,8 euros. Los tramos de ingresos superiores (de 53.400 euros en adelante), en los que apenas hay 22.000 asalariados en Málaga, presentan finalmente rebajas en el neto percibido de entre 100 y 382 euros mensuales, según Gestha, por no citar un reducidísimo grupo de contribuyentes (son unas 400 personas) que ingresan más de 300.000 euros al año y a los que la subida del IRPF les saldría por 932 euros extra al mes.

Un primer cálculo de Gestha apunta a que la recaudación extra del IRPF en Málaga podría ascender a 91 millones de euros, de los sólo 30 corresponderían a rentas bajas y medias (hasta 33.000 euros al año en ingresos), a pesar de representar al 86% de los contribuyentes.

Por otro lado, los sueldos de los funcionarios han quedado congelados de nuevo este año. En Málaga hay unos 75.000 empleados públicos de las distinas administraciones.

Menos deducciones a las empresas

En cuanto a las empresas, el Gobierno no ha tocado el gravamen del Impuesto de Sociedades –30% de los beneficios– pero sí ha limitado las deducciones actuales, la vía por la que las firmas acababan tributando a un tipo real muchísimo más reducido, muchas veces por debajo del 20%.

Así, se limitan de forma temporal las deducciones del fondo de comercio del 5% al 1%, así como del límite máximo de aplicación de deducciones del 35% al 25%. Con carácter indefinido, el Gobierno limitará las deducciones de gastos financieros al 30% del beneficio y eliminará la libertad de amortización (el traslado a años venideros la cuota a satisfacer), que sólo persistirá para las pequeñas y medianas empresas, y vinculada a la creación de empleo.

Menos inversión, menos empleo

Los PGE reflejan con claridad meridiana los postulados de austeridad y control del gasto público anunciados por el Gobierno. La caída de la inversión en Málaga, supera el 50%, al pasar de los 750 que se presupuestaron para 2011 a los 375,7 de este 2012. Las partidas se dedican fundamentalmente a ultimar las obras ya iniciadas, aunque con la introducción de novedades como el estudio de una nueva ronda Este o el acceso norte del aeropuerto, que recibirán 200.000 y 50.000 euros, respectivamente. También se habilitan los mecanismos para que Marbella salde su deuda con el dinero recaudado con la operación Malaya.

Las cuentas se centran en las infraestructuras, con 94 millones para el corredor ferroviario entre Antequera y Granada, los 34 para la construcción de la prisión de Archidona, y los 17,5 para culminar el soterramiento de San Pedro de Alcántara. El aeropuerto de Málaga recibe 44 millones, con partidas para la segunda pista, el acceso sur el futuro enlace por el norte con la terminal y la construcción de una estación eléctrica ligada. Y en temas ferroviarios, el Adif subvenciona 119 millones acaparados por la Alta Velocidad Antequera-Granada pero también con pequeños fondos iniciales para el anillo ferroviario, la extensión del Cercanías de Fuengirola a Manilva o el Cercanías con el aeropuerto. Para el Campamento Benítez apenas hay 10.000 euros, pero aún peor lo tienen el nuevo Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) o la regeneración de los Baños del Carmen, que no reciben nada. Tampoco hay inversiones para aumentar la capacidad hídrica en la provincia ni para actuaciones concretas en playas.

Muy crítico con la inversión de los PGE se ha mostrado el PSOE de Málaga, que dice que la provincia queda relegada a la novena plaza en el ranking de inversión tras Madrid (1.188 millones), Barcelona (633), Asturias (493), Valencia (461), León (438), Pontevedra (435), Castellón (411) y Murcia (374). Los socialistas dicen que, por primera vez en la historia reciente, Málaga está por debajo de la media española en inversión por habitante (231 en la provincia por los 269 de media nacional).

La principal crítica que se hace a los recortes de inversión en infraestructuras es que tienen un efecto directo negativo sobre el empleo ligado al sector constructor. El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, lamentó que los necesarios recortes afecten a los que considera «inversiones productivas».

«Los recortes no pueden ser lineales. Nadie duda de que no haya que meter la tijera pero sí le pedimos al Gobierno que sepa recortar la silueta y no cortar a lo bruto», comentó González de Lara, que se mostro «decepcionado» por el bajo nivel de inversión.

Las obras de infraestructuras han servido para mantener hasta 30.000 empleos en la provincia mientras se mantuvo una inversión anual en el entorno de los 1.000 millones de euros. Eso implicaría para este año la destrucción de unos 10.000 puestos de trabajo.

2.000 interinos y plazas de guardería

Los recortes en el Ministerio de Educación a nivel nacional alcanzan el 22% y provocarán, según el secretario general de Enseñanza de CCOO, José Fernández, un aumento de la ratio por aula y del horario lectivo de los profesores que deja en el aire para el próximo escolar el puesto de unos 2.000 interinos en la provincia de Málaga. Los recortes también afectarán, según el PSOE, a programas como el plan Educa3, que ha creado en la provincia desde 2008 más de 18.000 plazas de guardería para niños entre 0 y 3 años y cuyos fondos ahora se han suprimido. Otros afectados son el plan Escuela 2.0 para la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde están en el aire unos 20.000 portátiles previstos para el curso que viene en 5º de Primaria, o el programa de acompañamiento escolar, cuyo objetivo es la adecuación de los tiempos escolares a las necesidades personales y socioeducativas, que directamente se ha eliminado.

En el ámbito universitario, la oposición calcula que la restricción presupuestaria pueden dejar a más de 6.100 alumnos malagueños sin becas.

El gasto social cae en 264 millones

Las partidas para Málaga en gasto social se reducen en 264 millones de euros. Los socialistas denuncian que estos recortes se van a traducir en que unas 8.000 familias malagueñas se van a quedar fuera de la Ley de Dependencia, que los 87.500 parados que ya hayan agotado todas sus prestaciones por desempleo no contarán con nuevos planes de emergencia como los 426 euros del famoso Prodi o los 400 del programa de recualificación profesional. Ademas, el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en el que se mueven unos 280.000 trabajadores de la provincia, se congela también y se queda en 641,4 euros mensuales.

También se denuncia que unos 300.000 pensionistas perceptores de prestaciones mínimas pierden poder adquisitivo pese a la actualización del 2,9% aplicada por el Gobierno.

1.000 empleos y el plan bucodental

El recorte en el presupuesto sanitario alcanza el 6,8% y los sindicatos calculan que en Málaga se puede perder el equivalente de unos 1.000 empleos de interinos en el SAS. Además, el Gobierno ha suprimido la partida del Plan de Salud Bucodental creado en el año 2007, del que se benefician en Málaga más de 40.500 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Actuaciones preventivas como el I Plan Nacional sobre Sida y el Plan Nacional sobre Drogas también reducen de forma significativa sus fondos.

Se reducen las ayudas a la I+D

El presupuesto para I+D en 2012 cae un 25% respecto al año pasado, con lo que se retrocede casi al nivel de 2006, con 5.633 millones de euros. Los afectados por los recortes pueden ser los grupos de investigación universitarias, que se nutren de subvenciones directas a fondo perdido, y las empresas de base tecnológica, donde los incentivos básicos son préstamos reintegrables. La UMA y el Parque Tecnológico de Andalucía son los principales focos de investigación en Málaga.