La que fuera secretaria del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella en la sociedad Maras Asesores y en urbanismo ha asegurado que el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, era "un jefe muy exigente" y recibía visitas de muchas personas, aunque ha señalado que ni concejales ni funcionarios frecuentaban las oficinas de Maras, donde "no era habitual" tampoco que fueran empresarios.

Ainhoa Coca ha declarado por segunda vez como testigo en este juicio y ha explicado que en octubre de 2003 entró a trabajar en Maras Asesores, donde "seguía las instrucciones" de Roca, aunque quien la contrató fue el acusado Salvador Gardoqui. En marzo de 2004 tuvo contrato por una empresa municipal, Gerencia de Obras y Servicios, ejerciendo en ambos lugares como secretaria de Roca junto a otra persona.

Ha afirmado que no vio que funcionarios municipales o concejales marbellíes frecuentaran las oficinas de Maras y que "no era habitual" que fueran a esas dependencias empresarios con intereses urbanísticos, "lo cual no significa que no fueran en alguna ocasión", ha indicado, como es el caso del promotor José Ávila Rojas o los empresarios Sánchez-Dalp y los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano, todos acusados.

No ha podido concretar a qué se dedicaba Roca en las dependencias de Maras. Preguntada por si percibió la existencia de una colisión entre el Ayuntamiento y Maras Asesores ha respondido: "no soy de Marbella y no soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta de esas cosas. Si lo hubiera sabido igual mi actitud hubiera sido distinta. Pero yo ni era consciente ni tengo conocimiento actual".

Respecto a las dependencias municipales, ha señalado, el presunto cerebro de la trama sí recibía la visita de entonces ediles y funcionarios municipales "porque era asesor de la alcaldesa", Marisol Yagüe, quien también lo visitaba en estas oficinas "de vez en cuando". Ha dicho no recordar que el exalcalde Julián Muñoz llamara por teléfono a las dependencias municipales y si lo hizo "no era un habitual".

Sí ha recordado, por contra, que en una ocasión "siguiendo órdenes del señor Roca" entregó un reloj al acusado Francisco Ramírez, funcionario judicial. También ha recordado que el exedil Rafael González fue a recibir en una ocasión un préstamo de Roca por el embargo de su sueldo. Ha negado que el principal acusado le pidiera lealtad o pleitesía, tan solo "dijo que les gustaban las personas discretas".

Urbanismo. Las defensas han sacado este miércoles el debate sobre la concesión de las licencias de primera ocupación en su interrogatorio a una funcionaria del departamento jurídico de urbanismo de Marbella, que se dedicaba a realizar los informes jurídicos sobre licencias y que ha comparecido como testigo. Los letrados de los acusados han hablado de "inseguridad jurídica" en cuanto al otorgamiento de los permisos de obras.

El fiscal le ha preguntado por la problemática que surgió con las licencias de primera ocupación de las viviendas construidas según la revisión del planeamiento una vez se denegó este plan. La testigo ha señalado que lo primero era ver si lo ejecutado se ajustaba a la licencia y si la parcela cumplía con las infraestructuras, tras lo que se otorgaba. Con los permisos concedidos según la revisión, se concluyó que lo que procedía era revisarlos y denegarlos.

Ha dicho que ese criterio era el que seguía en la asesoría jurídica, donde estaban Raquel Escobar y María Castañón, ambas citadas para declarar como testigos este miércoles, aunque finalmente no han declarado. Las defensas han indicado que existen informes respecto al otorgamiento de licencias de primera ocupación por silencio administrativo positivo cuyo contenido va en una línea distinta a ese criterio que, según la testigo, se mantenía.

También han vuelto a comparecer los dos agentes de la Udyco Costa del Sol que iniciaron la investigación y han vuelto a reiterar la identificación de las iniciales JM con Julián Muñoz, insistiendo en que las salidas de dinero asociadas a estas siglas son coetáneas a la aprobación de dos resoluciones urbanísticas, en concreto dos permutas, que fueron analizadas por la Agencia Tributaria.