La Audiencia provincial ha ratificado el archivo de la querella presentada por la concejala del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras contra el diario La Opinión de Málaga y el periodista Javier García Recio, por injurias y calumnias, ratificando la resolución adoptada en el mismo sentido por el juzgado de instrucción número 6.

El fallo del juzgado de instrucción señalaba que «no existen indicios suficientes para estimar acreditado, ni siquiera indiciariamente, la existencia de dichos delitos, ni de ningún otro» y porque además las informaciones vertidas por el periodista se encuentran suficientemente amparadas por el derecho de opinión y libertad de expresión».

La Audiencia ratifica ahora este fallo al señalar que «comparte íntegramente» la resolución impugnada, en la cual el instructor valora de forma «exhaustiva y porrnenorizada» tanto las diligencias de investigación como la naturaleza de los delitos denunciados y hace hincapié en la «copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que avalan la conclusión a la que ha llegado»

La Audiencia recuerda que quedan amparadas por las libertad de expresión e información «no sólo las críticas inofensivas e indiferentes», sino también aquellas que «chocan, ofenden o inquietan; así lo quiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática».

La Audiencia llega incluso a dar un tirón de orejas a la concejala al señalar que el derecho al honor «cuenta con otras vías de amparo, distintas de la penal» que debe ser «el último lugar al que se acuda» para solucionar conflictos entre las personas, «existiendo en el campo civil cauces adecuados». Recuerda finalmente que contra esta resolución no cabe recurso».

En conclusión, no hubo injurias ni calumnias contra la concejala Teresa Porras cuando en varias noticias publicadas en marzo de 2011 La Opinión informaba de que la edil adjudicó decenas de contratos de obra menor a través de procedimientos supuestamente irregulares o de otras presuntas irregularidades ligadas a la adjudicación de contratos menores.