La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía ha sancionado a las empresas malagueñas Impactogas S.L. y Servicios Comunitarios del Gas S.L. con 60.000 y 48.000 euros, respectivamente, por realizar revisiones de las instalaciones de gas butano de forma irregular.

La investigación por parte de la Delegación Provincial se inició tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos en las que alertaban de anomalías en la revisión de sus instalaciones de gas, ha informado la delegada provincial del ramo, Marta Rueda, en un comunicado, en el que añade que, además de la cuantía económica, se va a proponer la cancelación y retirada del certificado de estas empresas instaladoras.

En el caso de Impactogas, enviaba una carta a los usuarios avisándoles de que iban a realizar una revisión de la instalación para, posteriormente, no presentar un informe de anomalías, sino que emitían un certificado "no conforme a norma" y que no cumplía con los requisitos mínimos, como la firma del instalador.

También cobraban en la factura una serie de elementos sin indicar en base a qué anomalía se había actuado. En una de las denuncias presentadas se detectó además que la persona que realizó la revisión no se encontraba inscrito en el registro de instaladores habilitados para esta empresa por la Junta de Andalucía, ha indicado.

Por su parte, la empresa Servicios Comunitarios del Gas se presentaba en los domicilios para realizar una revisión en la que presupuestaba una serie de elementos sin incluir en el informe de anomalías, así como tampoco el plazo con el que cuenta el ciudadano para su subsanación, tal y como establece la normativa vigente.

Además, la empresa no contestó al requerimiento de la Delegación del certificado de revisión emitido por el instalador autorizado, constatándose además que, en uno de los casos, los operarios que realizaron la revisión no aparecen registrados como instaladores en la base de datos de esta Administración, según ha precisado.

Normativa vigente. Rueda ha informado de que debe ser el propio usuario quien se ponga en contacto con la empresa que elija libremente para la supervisión de las instalaciones de gas, que debe realizarse de forma obligatoria cada cinco años según la normativa vigente.

Una vez avisada la empresa, deberá acudir un instalador que, en el caso de que detecte algún defecto, emitirá un informe de anomalías. Entonces, el ciudadano tendrá un plazo de corrección de hasta tres meses, según el tipo de deficiencia, y será él mismo quien decida qué empresa realiza la reparación de los fallos detallados en el informe.

Además, se aconseja que no se firme ningún tipo de presupuesto ni factura hasta que no le hayan emitido el citado informe y se recuerda que, en caso de que el personal de la empresa amenace con el corte inmediato del suministro, éste sólo se realizará si se detecta una anomalía principal, aquellas que puedan generar riesgos como una fuga de gas; que el tubo flexible presente grietas o daños, deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de gases, etcétera.