Es uno de los abogados mercantilistas más experimentados y prestigiosos de la comunidad, además de presidente de la Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía (Exfimer), que el pasado fin de semana celebró en Antequera su séptimo Congreso de Derecho Mercantil. Pablo Franco avisa de que el número de empresas que entran en concurso de acreedores seguirá aumentando debido a la enorme duración de la crisis. Y es que en 2008 muchas firmas pactaron refinanciaciones de deudas a cuatro o cinco años con la esperanza de que a día de hoy la crisis estuviera resuelta. Algo que evidentemente no ha sucedido.

Desde la óptica de un mercantilista, ¿ cómo es la situación económica y social en España?

El diagnóstico coincide con el de cualquier otro especialista. La situación económica es difícil y muy complicada. La debilidad del consumo interno es consecuencia del paro y el estancamiento y recesión de la economía se refleja en la caída del PIB, que en el primer trimestre del año ha caído un 0,4%. Pero además de una crisis económica hay una crisis de valores añadida. Es necesario reforzar los valores éticos en la sociedad para que la economía esté al servicio de las personas y no al contrario. Para ello es necesario formación y cultura empresarial. Necesitamos un sistema educativo que ponga en valor la ética, el esfuerzo, el trabajo bien hecho y potenciar la capacidad emprendedora. La crisis ayuda a reflexionar y analizar los errores cometidos para corregirlos. Lo sangrante es que millones de trabajadores sufren las consecuencias.

Las estadísticas indican que trimestre a trimestre el número de procesos concursales crece. Málaga acumuló 139 empresas concursadas en 2011, con una subida del 40% sobre el ejercicio anterior, y 44 en el primer trimestre de este 2012 ¿continuará esta dinámica o llegaremos a un tope?

Mi opinión personal es que el número de procedimientos concursales seguirá en aumento. Los analistas sitúan cada vez más lejana la recuperación, lo que incidirá necesariamente en las empresas en situación de insolvencia. Por otro lado, aquellas empresas que en 2008 y 2009 refinanciaron sus deudas, con planes de viabilidad elaborados bajo una perspectiva de que en tres o cuatro años la situación cambiaría a mejor, pueden verse en la tesitura de tener que volver a plantearse otra nueva refinanciación y, si no es posible, se encontrarán en situación de insolvencia. Nadie esperaba una crisis tan larga. Para evitarlo es fundamental que el sistema financiero facilite a las empresas la liquidez necesaria tanto para circulante como para inmovilizado, y plantee una actitud positiva ante propuestas de refinanciación. En caso contrario, la salida de la crisis se vislumbra difícil.

Los concursos de acreedores terminan en más de un 94% de los casos en la liquidación de la empresa. Pocas sobreviven a un proceso de este tipo, ¿por qué?

En primer lugar, es necesario que exista una mentalidad concursal. El empresario que se declara en insolvencia no debe ser estigmatizado por la sociedad. Eso sólo provoca que se evite esta declaración y que cuando se solicita el concurso de acreedores ya sea tarde porque la empresa está en fase terminal. Así, el procedimiento termina en la mayoría de los casos con la liquidación de la empresa y no con su continuidad. El dato más positivo es que tras ocho años de aplicación de la Ley Concursal, se observa que el número de concursos voluntarios (los que solicita el propio empresario) ya superan con creces al de necesarios (los que se abren a instancias de los acreedores). Eso significa que la mentalidad está cambiando.

El otro motivo es la saturación de los juzgados. El propio presidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá, reconoce que la provincia necesitaría nueve juzgados de lo mercantil y sólo hay dos.

Los juzgados de lo mercantil cuentan con unos jueces especialistas y un personal muy capacitado. Están haciendo un esfuerzo encomiable para sacar adelante los numerosos procesos concursales que saturan y colapsan los juzgados pero no es suficiente. Los concursos se alargan en exceso y se dificulta la supervivencia de la empresa; lo ideal es que duren 2 años pero se están yendo a 4-5 años. Es necesario incrementar el número de juzgados y dotarlos de medios informáticos suficientes y coordinados con otros organismos públicos. De otro modo, empresas con posibilidad de continuidad se quedarán en el intento y terminarán en liquidación. Todo eso al final le cuesta dinero a la ciudadanía por el coste en pérdida de los puestos de trabajo que conlleva la liquidación de empresas.