Los padres de la Codapa (Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Escuela Pública) advierten del grave deterioro que va a suponer para la educación de sus hijos las últimas medidas tomadas por el Gobierno en esta materia, como el aumento de la ratio de alumnado por clase o la supresión de los programas educativos destinados a alumnos que presentan necesidades educativas específicas. Exigen, además, que se mantengan planes como el de Escuela TIC 2.0 o el de gratuidad de libros de texto.

La Codapa representa a más de 2.700 asociaciones de padres de toda la comunidad autónoma. A juicio del presidente de la confederación, Francisco Mora, el aumento de la ratio supone «un paso hacia atrás y un empeoramiento de las condiciones en las que se enseña, que inevitablemente repercutirá en los resultados académicos». «Somos muchos los padres y madres y demasiado el tiempo que se lleva trabajando por conseguir una educación cada vez más personalizada, en la que los alumnos gocen de igualdad de oportunidades y una mayor cohesión social. Vamos al contrario de lo que se está haciendo en el resto de Europa, donde apuestan por una educación individualizada», declara.

La Codapa estima que es muy importante que la Junta pueda mantener los programas destinados a los alumnos que presentan necesidades educativas especificas y su extensión a todos los centros escolares, sólo así el alumnado que necesita refuerzo, orientación y apoyo porque presenta altas capacidades, o por todo lo contrario, obtendrá el respaldo necesario y progresará en igualdad de condiciones.

«Por mal camino vamos cuando se piensa que la educación es un gasto», añade Mora, que recuerda que la inversión pública en educación en España es de las más reducidas entre los países de la Unión Europea.

Codapa quiere, además, que el Gobierno haga una apuesta decidida por la escuela pública. «No hay más que mirar los informes de la OCDE para darse cuenta de cómo en Francia, Alemania, Finlandia, Suecia o Dinamarca, que son países que se suelen citar tanto por el número de habitantes como por la notoriedad de sus éxitos escolares, gozan de sistemas educativos vertebrados por la escuela pública», informa.

Los padres exigen además que sigan adelante la incorporación de las TIC en el sistema educativo andaluz, para que sean herramientas básicas y habituales de la actividad educativa, el fomento de los idiomas y otro tipo de conocimientos necesarios para los tiempos que corren como, por ejemplo, la educación en valores (paz, respeto, solidaridad, justicia social), entre otros. Insisten también en preservar y extender logros tan significativos como la gratuidad de libros de texto y demás materiales curriculares durante la enseñanza obligatoria, el Plan de Apertura en los Centros: aulas matinales, comedores escolares, transporte escolar y actividades extraescolares, «imprescindibles para conciliar la vida laboral y familiar», o el sistema de becas, para que llegue a un mayor número de alumnos y se garantice una verdadera igualdad de oportunidades. «Son otras de las conquistas irrenunciables de Codapa que ya están siendo objetivo de los recortes», añade Mora.

Codapa considera que es necesario promover la participación y colaboración de las familias, como responsables principales de la educación de sus hijas e hijos, así como su coordinación con el resto de las instituciones que inciden en el concepto más integral de la educación.

CCOO recurrirá los recortes de Wert. CCOO considera que las medidas de recortes en educación contempladas por el Gobierno son un «despropósito que dañará el sistema educativo andaluz y con él el estado de bienestar». Según anunció ayer el secretario general de la Federación de enseñanza de este sindicato en Andalucía, José Blanco, «CCOO está ya trabajando para que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra las medias de este Real Decreto».

Así, en el ámbito estatal el sindicato ha instado a la Oficina del Defensor del Pueblo de España a que presente recurso de inconstitucionalidad contra este Real Decreto Ley porque vulnera el Artículo 81 de la Constitución, pues un Real Decreto no puede regular aspectos que corresponden a una ley orgánica como pretende el ministro Wert.

Un real decreto, dice Blanco, aunque es una norma con fuerza de ley, sólo procede en casos de extraordinaria urgencia y necesidad pero que ello no permite que modifique o derogue una ley orgánica ni aspectos que se contemplen en ella, caso de la educación, «el número de alumnos por clase está regulado en la LOE y el número de horas lectivas del profesorado según el Estatuto Básico del Empleado Público es competencia de las comunidades autónomas».