El número dos del departamento que dirige la ministra Ana Mato analiza la situación económica actual del país y reflexiona y explica el porqué de las medidas adoptadas. El malagueño asegura que el Gobierno de Rajoy «intenta hacer la reforma más justa posible», subraya que las decisiones que se están adoptando «no son fáciles» y que van encaminadas precisamente a mantener el sistema de salud y las prestaciones. De lo contrario, «el sistema se nos cae», advierte.
Se dijo en la campaña electoral por activa y por pasiva que no se iba a recortar en políticas sociales y en sanidad y, sin embargo, se ha hecho.
Es verdad que en la campaña nosotros teníamos como objetivo no afectar a las políticas sanitarias ni sociales, pero es verdad también que en la campaña nosotros pensábamos que teníamos un determinado déficit que posteriormente se comprobó que era más, concretamente de dos puntos y medio más. Si el Gobierno socialista hubiera cumplido los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea este año tendríamos 18.000 euros más y podríamos haber hecho un recorte menor. La situación ha cambiado, no teníamos toda la información y hemos tenido que hacer las reformas. Hemos hecho unas reformas que están condicionadas por la crisis y que eran absolutamente necesarias por la dejación de funciones y la incapacidad de liderazgo del Gobierno anterior.
¿No se podía haber recortado de otras parcelas y no tocar la sanidad ni las políticas sociales?
Se ha recortado en todo y absolutamente de todo. No hay un sólo departamento ministerial que no se haya ajustado, ni uno. Nosotros hemos sido los que menos ajuste hemos tenido, de un 13%, pero al final no es sólo una cuestión de ajuste, tenemos un problema que hay que resolver con el vacío legal existente respecto a los asegurados extranjeros que venían a utilizar nuestro sistema sanitario y que desde 2007 ha supuesto 1.500 millones euros. Ahí hay una fuga enorme que había que taponar. Nos hemos encontrado, y lo dice el Tribunal de Cuentas, como ciudadanos de renta altísima venían a España, se empadronaban, se sacaban la tarjeta sanitaria, volvían a sus países, y los medicamentos nos lo cobraban a nosotros no a ellos. Existían muchos problemas en materia de fuga económica y había que poner en marcha una reforma. También era necesario ordenar las plataformas de compra, la cartera de los servicios, de forma que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios sanitarios independientemente de donde vivan.
¿Qué paguen las personas mayores era lo mejor?
Hemos aprobado medidas en farmacia en las que es verdad que hemos incluido la participación en el pago, pero en función a la renta. De hecho ahora los parados no pagan absolutamente nada. El hecho de que paguen las personas mayores tiene un efecto disuasorio más que recaudatorio, porque de los 7.000 millones de ahorro que supone esta reforma esta medida prácticamente supone entre 350 ó 400 millones, pero lo que no podemos permitir es que cada año se tiren 3.800 toneladas de medicamentos por parte de las farmacias, eso sin contar los que directamente se tiran a la basura, lo que son casi 1.200 millones de euros. Al final estas medidas no son solamente una reforma dura, que a los gestores no nos gusta hacer. Es una reforma difícil pero que es necesaria. Había que hacerla.
¿La crisis está sirviendo para revisar el sistema?
En materia sanitaria es verdad que también estamos condicionados por la crisis y que hay un objetivo de ahorro, pero independientemente de esto había que actualizar el Sistema Nacional de Salud, que acarrea 16.000 millones de deuda. En los últimos treinta años no se ha hecho ni una sola reforma. Necesitaba un ajuste y se ha intentado hacer la reforma más justa posible. Las comunidades autónomas nos habían pedido de hecho que lo revisáramos. Muchas propuestas que nos han llegado de comunidades autónomas y de distintos sectores sanitarios eran muy duras y prop0nían el copago por receta entre un euro y dos euros, el pago por cama hospitalaria, el pago por comida hospitalaria....y nosotros hemos considerado que lo más sensato y lo más justo era hacer una gran reforma en la que hay varios capítulos. Y, uno de ellos, el que ha generado más polémica, es la participación en el pago de farmacia que hemos realizado con el criterio que creíamos más justo que es en función a la renta.
Da la sensación de que no se ofrece toda la información al ciudadano, se anuncian los recortes sanitarios y, posteriormente, cuando se publican en el BOP se conocen medidas de las que no se había informado, como el pago de las prótesis.
El contenido de la reforma se acordó con la mayoría de las comunidades autónomas. Es muy difícil en un texto tan amplio que llegue todo la información. Se llegó al acuerdo de que determinados productos como prótesis y otros, de dispensación ambulatoria, se paguen. Pero la medida no afecta a las prótesis colocadas en intervenciones quirúrgicas, hablamos de bastones o ayuda externa que ya se pagaban.
En materia de política social la Ley de Dependencia también se ha visto afectada.
La Ley de Dependencia es una norma que apoyamos todos, pero también es verdad que se hizo con interés electoral, se hizo cinco años atrás, y hay muchas carencias. Lo que era una excepción se ha con vertido en una generalidad, que es la ayuda directa al cuidador familiar, al dependiente. Las asociaciones y comunidades autónomas nos han pedido que la revisemos y la mejoremos. Además es compleja desde el punto de vista administrativo y ciudadano. En definitiva estamos actualizando el modelo e intentándolo mejorar.
Respecto a este norma existen diversos cambios, por una parte una moratoria que congela la aplicación de la ley, de forma que las personas que tenían que entrar en el sistema en 2012 pasan a 2013 y, por otra, el recorte de una aportación añadida del Estado que realizaba a las Comunidades Autónomas. Existe inquietud, desinformación e incertidumbre entre los dependientes. ¿Se van a ver afectadas las prestaciones ya concedidas?, ¿cuál es el escenario?
Ahora mismo los dependientes que ya están valorados, evaluados y que reciben su prestación nada tienen que temer, porque el Estado, a pesar de la situación en la que nos encontramos, va a aportar el dinero que le exige la Ley de Dependencia. Ese dinero, 1.407 millones de euros, que el Estado ha transferido a las comunidades autónomas garantiza que los dependientes tengan su prestación. Por lo que debe haber máxima tranquilidad. Es cierto que dentro de las aportaciones del Estado hay otra transferencia que sí se ha modificado y que era de apoyo extra, pero no afecta a esas prestaciones. Y, luego está la moratoria. Estamos trabajando para cambiar aspectos de la ley y mejorarla. La norma, después de cinco años no ha cumplido con gran parte de las expectativas que se habían marcado y ha generado muchos problemas administrativos, de burocracia, financieros, de organización de 17 modelos, donde te trata de manera distinta a la persona según el lugar en el que resida. Por tanto estamos trabajando por mejorar el modelo, con un plazo máximo de 30 de junio, con el fin de que todas las comunidades autónomas nos hagan las máximas aportaciones posibles y mejorar la Ley para preservarla y garantizarla. El objetivo fundamental es mantenerla. Ahora mismo hay menos recursos, tenemos que ser más audaces, hilar más fino, y hay que hacer una reforma. Pasa como en la sanidad, si nosotros no llegamos a hacer una reforma, el Sistema Nacional de Salud se nos cae. O reformamos para mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema o nos quedamos sin sistema. Los cambios son para mantener el modelo y buscamos las medidas menos duras posible.
