Los escándalos por corrupción urbanística, ésos que tanto daño han hecho a la imagen de la provincia de Málaga de cara al exterior, han terminado salpicando también a Casares, un municipio que constituyó junto a Marbella y Estepona la franja más activa de la Costa del Sol durante los años del boom inmobiliario. Casares, con poco más de 5.000 habitantes censados, ha visado en los últimos ocho años más de 4.600 viviendas destinadas sobre todo al turismo residencial, según los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga.

Se da la circunstancia de que la localidad recibió en su momento muchas inversiones inmobiliarias al calor de la marca Marbella, justo cuando los agentes inmobiliarios buscaban nuevas zonas residenciales para los extranjeros que compraban segunda residencia en el litoral malagueño.

Algunos creen que la propia operación Malaya fue indirectamente clave en este devenir, ya que las paralizaciones de obras decretadas en Marbella por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la posterior disolución del consistorio provocaron que los constructores y promotores desplazaran sus desarrollos urbanísticos a los municipios cercanos.

El momento de auge inmobiliario en el municipio casareño llegó en los años 2005 y 2006, justo tras el estallido de Malaya. En esos dos ejercicios, en Casares se visaron casi 3.500 proyectos de nuevas viviendas, con espectaculares incrementos interanuales de hasta el 484% en relación al ejercicio anterior.

El éxito del municipio y su atractivo turístico ha quedado demostrado también con iniciativas tan magníficas como el hotel de cinco estrellas gran lujo Finca Cortesín, un complejo inaugurado en 2009 que tuvo una inversión de 50 millones de euros y que consta de 67 villas exclusivas, además, de varios restaurantes de lujo y centro comercial. Su principal reclamo, sin embargo, es su campo de golf diseñado por Jack Nicklaus y en el que se vienen celebrando el torneo de golf «Volvo World Match Play Championship».

Un golpe de imagen. La detención del exalcalde Juan Sánchez supone sin duda un nuevo revés de imagen para la Costa del Sol que, según los constructores, apenas se ha recuperado del negativo impacto de procesos como la operación Malaya en Marbella y el caso Astapa en Estepona. El frente abierto en Casares vuelve a alimentar las dudas de los inversores extranjeros en torno al urbanismo malagueño y andaluz, tal y como repetidamente vienen lamentando colectivos como la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

Las viviendas pendientes de legalizar durante años en la Axarquía o en la propia Marbella han sido también un obstáculo a la hora de recuperar la confianza del inversor extranjero y relanzar el turismo residencial, un segmento clave para absorber el stock pendiente de comercializar. En 2011 sólo se vendieron en la provincia 600 viviendas para no residentes, una cifra que contrasta con las más de 16.000 que se vendieron en el año 2006, que fue el mejor en ese ámbito para la provincia. La caída en este lapso de tiempo ha sido de un brutal 96%, con un descenso del 40% si se calcula en relación a 2010. La situación es de colapso y hechos como el de Casares sólo empeoran la perspectiva.

«La crisis de corrupción nos ha hecho mucho daño, porque en el extranjero dicen que no hay condiciones de seguridad jurídica, y eso se junta con la crisis económica, que no se puede olvidar», reconocen en el sector constructor.

Los rusos, por ejemplo, son los que más están comprando vivienda en la Costa del Sol, especialmente en Marbella y su entorno. Y ojo, que tienen dinero, pero no son tontos. «No les importa el precio, pero miran con lupa la legalidad», apuntan.