El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casares ha manifestado que, "mientras que no se demuestre lo contrario, continuaremos creyendo en la persona de Juan Sánchez -- exregidor de IU del municipio detenido este pasado lunes en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y la corrupción urbanística-- como lo hemos hecho hasta hoy, como un hombre honesto que siempre ha trabajado por lo público, y en especial por su pueblo".

"Conociendo a Juan Sánchez como lo conocemos, nos sorprendería mucho que las cosas fueran de otra forma" ha finalizado la alcaldesa del municipio, Antonia Morera (IU), quien ha vuelto a insistir en que el registro realizado en el Ayuntamiento de Casares y la detención del exregidor "forman parte de una investigación mucho más grandes que se instruye bajo secreto de sumario".

Así, ha matizado, a través de un comunicado, "que las incautaciones de vehículos, inmuebles y cuentas bancarias de las que informaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no tienen ninguna relación con la parte de investigación que se ha realizado en el Ayuntamiento de Casares".

Por último, la primera edil de esta localidad malagueña ha subrayado que en el Consistorio "se trabaja en el día de hoy con total normalidad, continuando con la agenda prevista".

"Los delitos no quedan impunes". Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha asegurado que actuaciones policiales como la operación contra el blanqueo de capitales y la corrupción urbanística desarrollada en la localidad malagueña de Casares, que por el momento se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el exalcalde Juan Sánchez (IU), demuestran "que los delitos no quedan impunes".

Hernández Mollar, que ha presentado en Vélez-Málaga (Málaga) los datos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) para la comarca de la Axarquía, ha detallado en rueda de prensa que la operación policial continúa abierta, y ha reconocido que situaciones de este tipo "no contribuyen a una buena imagen general de la Costa del Sol".

No obstante, ha dejado claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "hacen lo que tienen que hacer", y ha considerado que, una vez cometidos los hechos delictivos, "lo importante es que se persigan, y que quien haya podido cometer algún delito, sea del tipo que sea, caiga bajo el peso de la justicia y se le aplique la ley".

Por eso, pese al efecto negativo que la salida a la luz pública de estos presuntos delitos puede tener a priori en la imagen de la provincia, el subdelegado ha afirmado que estas operaciones policiales "inspiran a su vez confianza y seguridad, pues lo peor sería que los delitos quedaran impunes".

"Puede haber una parte negativa de inicio, que es todo lo que se ha producido, pero también es importante destacar que los delitos no quedan impunes, que la maquinaria, desde el punto de vista de la seguridad y la justicia, funciona en este país como tiene que hacerlo, con rigor, seriedad y eficacia", ha agregado.

Hernández Mollar ha lamentado que en los últimos años en la provincia "han pasado cosas" relacionadas con la con la corrupción urbanística, pero ha puntualizado que "de todo se aprende" y ha augurado que los errores del pasado "ya no se van a cometer", por lo que entiende que los malagueños "no tienen que caer en un pesimismo de imagen ni demonizar el sector de la construcción".

"Lo que hay que hacer es recuperar la confianza perdida, dinamizar la sociedad malagueña, que es riquísima y tiene muchísimos recursos para ser un atractivo, y superar estas dificultades, y a eso todos tenemos que contribuir políticos, agentes sociales y económicos y medios de comunicación", ha aseverado.

Además de a este asunto, el subdelegado se ha referido a la operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Granada, en la que han sido detenidos, entre otros, un sargento y un exagente de la Benemérita y un ex policía nacional.

Sobre esta actuación, ha calificado como "una buena noticia que se limpien aquellas malas hierbas que pueda haber dentro de una institución, y si hay que detener a un guardia civil o a un expolicía, se le detiene", sin que esto vaya a afectar "ni mucho menos" a la imagen de los cuerpos policiales en su conjunto.

Así, ha recordado que "uno de los objetivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado es perseguir el delito allí donde se encuentre y, en este caso, si han resultado implicados guardias civiles o policías nacionales, pues la actuación de las Fuerzas de Seguridad está ahí".