Casares es un pueblo perplejo. Sus vecinos no podían creerse ayer que el Ayuntamiento estuviera tomado por la policía y que el lugar tranquilo en el que residen pase a formar parte de la lista de municipios manchados por la extraña mezcla entre corrupción municipal, todavía presunta, y el urbanismo irregular.
La exaltación mediática no les hizo parpadear. Unos 24 periodistas de más de una docena de medios se concentraron frente al Ayuntamiento, en la calle Villa, desde primera hora de la mañana. Ninguno se paró a preguntar por lo que pasaba. Sólo los visitantes, nacionales y extranjeros, se atrevían a acercarse para preguntar por qué la puerta de la casa consistorial estaba cerrada y a qué se debía la presencia de tantas cámaras y micrófonos a la entrada.
«El Ayuntamiento de Casares permanecerá cerrado en el día de hoy. Para hacer cualquier registro de entrada debe acudir a la Oficina de la Policía Local en calle Fuente, 24. Gracias y perdone las molestas», advertía un cartel en la puerta.
Ni siquiera los trabajadores del resto de las dependencias municipales podían entrar a sellar para comenzar su jornada laboral. Y los que estaban dentro, permanecían encerrados. Hasta las tres y cuarto de la tarde no salieron de sus oficinas ocupadas por los agentes. Salieron una veintena, lo hicieron en fila, sin hablar. «No sabemos nada», indicaban.
En la plaza del pueblo, el silencio era autóctono y el revuelo, sordo. Pero no todos los vecinos eran tan reservados. Algunos mostraban su extrañeza por la detención de su alcalde de toda la vida, el que aún reconocen como regidor pese a que dejó su cargo en 2009 tras 25 años de mandato. Ahora, es concejal y la vara de mando está en manos de Antonia Morera.
«No votábamos al partido», aseguró Francisco en referencia a Izquierda Unida. «Votábamos a la persona», recalcó. Una persona «honrada y querida», decía. Sus amigos, sentados junto a él en un banco de la plaza, asentían.
Francisco, igual que sus acompañantes y pensionistas Rafael y Eduardo, prefirieron no poner apellidos a sus declaraciones. El pueblo es pequeño, con 5.300 habitantes, y «o nos conocemos todos o somos familia».
«Casares está precioso», afirmaba una vecina. Un aparcamiento subterráneo con siete plantas y completamente gratuito, un pabellón deportivo, zona azul con límite horario pero sin tarifas, fachadas blancas y calles limpias, entre otros servicios públicos. Las personas mayores disponen de un vehículo municipal para subir al cementerio sin sufrir las empinadas cuestas del pueblo. Sólo es un ejemplo.
«Parecía que la corrupción se iba a quedar en todos los municipios colindantes», afirmó Rafael. «Casares está fuera de ninguna sospecha». Ya no es así.
No todos los comentarios son favorables al exregidor. Hay residentes que también manifestaban ayer su sorpresa por su detención, la de su esposa y de otras tres personas en un nuevo y presunto caso de irregularidades municipales. Pero en este caso, su asombro partía de su decepción con el sistema judicial español.
No creían que llegaría nunca el día del arresto de un munícipe con el que nunca estuvieron satisfechos, «aunque aquí nadie se atreva a decirlo», aseguraron.
«Casares es un monopolio comunista», se quejaba una señora en su casa, a puerta cerrada. «Juan Sánchez y su equipo no han dejado que crezca», lamentó. Sánchez ganó las primeras elecciones democráticas en 1979 y se quedó. Sólo logró despojarle del gobierno el Grupo Independiente Liberal durante cinco años, entre 1995 y 2000, y luego su propia decisión.
Las voces críticas no están conformes con una «mal llamada» política de izquierdas que prima a los miembros de la corporación frente al resto de los vecinos.
«A mí me cobran por ocupar la vía pública con mesas y sillas. Hay familiares de políticos que no pagan nada por las suyas», denunció el dueño de un bar sin dar nombres, ni el suyo.
La urbanización Majestic, cuya tramitación urbanística se investiga en este caso, no les gusta a la mayoría de los residentes consultados por este diario. «A mí me pareció extraña desde el principio», coinciden.
Los particulares indignados de Casares no gritaron, no corrieron, no manifestaron su enfado, al menos públicamente. Quizá por el tamaño del casco antiguo de un pueblo en el que, como apuntaba Francisco, todos se conocen. O quizá porque el registro de un ayuntamiento parece haberse convertido en un trámite municipal más en la Costa del Sol.
La lista de administraciones locales que aún no ha sido inspeccionadas por la policía empieza a ser cada vez más corta. Como en Marbella, como en Estepona, como en Alhaurín, como en Ronda... los turistas vuelven a hablar de «Spanish corruption». Con una salvedad, en esta ocasión, añadían la palabra «typical».
