01 de junio de 2012
01.06.2012
Urbanismo

La posible amnistía urbanística de Fomento divide a Junta y empresarios

Planas dice que nunca irá contra los tribunales y los constructores piden una solución «rápida»

01.06.2012 | 07:00
Una vivienda en obras en el litoral malagueño.

La hipotética amnistía urbanística que el Ministerio de Fomento estaría preparando para evitar la demolición de miles de viviendas ilegales de toda España –entre ellas las construidas en Marbella o la Axarquía– suscitó ayer reacciones tanto a nivel político como empresarial. El documento, avanzado por El País y que ha sido enviado a comunidades y ayuntamientos para que hagan alegaciones y sugerencias, trataría de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble.

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, aseguró ayer que el Gobierno andaluz «nunca va ir frente a lo que hayan ordenado los tribunales de justicia en relación con temas urbanísticos». Planas recordó que el decreto que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, aprobado por la Junta de Andalucía a principio de este año, cuenta con una filosofía de no ir frente a lo que ordenen los tribunales a este respecto.

De esta manera, el titular andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, responsable en materia de ordenación del territorio, afirmó, «para que no haya malentendidos», que el decreto aprobado por la Junta de Andalucía en la pasada legislatura en materia de construcciones ilegales cuenta «con una filosofía distinta», según la aproximación al documento del Ministerio. No obstante, el consejero aclaró que la Junta «nunca va a ir frente a lo que hayan ordenado los tribunales en relación con temas urbanísticos».

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón, consideró «fundamental» que se dé una solución definitiva al problema de las viviendas ilegales, sin entrar en la cuestión de cuáles deben ser demolidas o no.

Más seguridad jurídica

«No es un tema competencia de los constructores. Casi todas las viviendas en situación irregular son de particulares que se las construyeron. A nosotros lo que nos parece importante es que se pida toda la documentación de las viviendas y que se regule el tema de una vez, que no se le dé más vueltas», comenta Aragón.

Los constructores se han venido quejando estos años de que casos como el de la Axarquía –donde muchos particulares edificaron chalés en fincas donde sólo se podían construir casas de aperos con el visto bueno de los ayuntamientos– han minado la confianza de los inversores extranjeros a la hora de comprar viviendas en la Costa del Sol. Por eso reclaman una solución «ágil y rápida» que devuelva la seguridad jurídica hacia el urbanismo español y andaluz.

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