­El Plan E, conocido popularmente como Plan ZP, fue un caos administrativo y de gestión en la provincia de Málaga. La falta de seguridad jurídica en la contratación y las irregularidades fueron moneda común en los proyectos que se ejecutaron entre 2009 y 2010, según el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas.

Este órgano de control ha analizado una muestra de 39 proyectos de los 761 ejecutados en Málaga. Estas actuaciones, repartidas en 13 municipios, ponen de manifiesto la extensión de las irregularidades en el proceso de contratación y que afectaron a más del 90% de los proyectos.

Apenas tres proyectos de los analizados por el Tribunal de Cuentas pueden presentar un proceso ejemplar y transparente. Desde la preparación del contrato hasta su adjudicación, casi todos incumplen con la normativa. Es más, incluso con el espíritu del Plan E, que abogaba por la contratación de desempleados para ejecutar estos trabajos. Esto no se puede decir en 16 de los proyectos, que contrataron un tercio menos de los parados previstos. Así, de los 442 desempleados que iban a trabajar en estas actuaciones, sólo lo hicieron 289, con los ejemplos negativos de un proyecto de Ronda y otro de Benahavís, donde no se contrató a ninguno.

En cuanto a las irregularidades, las más comunes fueron en la preparación de los contratos. De los 39 analizados por el Tribunal de Cuentas, 24 no cumplieron con todos los trámites legales. La infracción más común fue no presentar el acta de replanteo, aunque hay casos en que se inició la licitación sin este trámite previo o con la supervisión realizada con posterioridad.

Más grave es el caso de seis proyectos que no cumplieron con los requisitos mínimos de seguridad jurídica en la adjudicación. En dos actuaciones en Marbella faltó la publicidad adecuada del concurso, en otras cuatro actuaciones (Ronda, Mijas y Málaga) se inició la adjudicación de la obra antes de aprobar el expediente y en dos de ellas, además, se llegó a adjudicar antes de que fuera aprobada la inversión dentro del Plan E.

Este plan prohibía tajantemente que un contrato se fraccionara en varias partes para entrar en la legislación de contratos menores, más laxa en los controles. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas detectó 9 casos, de entre los 39 analizados, donde sí se realizó este fraccionamiento, en concreto en Cortes de la Frontera (2 casos), Totalán (4) y Canillas de Albaida (3).

La adjudicación de las actuaciones presenta deficiencias en dos vías. Por un lado, en dos casos de Málaga capital no se valoró la contratación de desempleados como criterio de adjudicación y se vulneran exigencias de la Junta Consultiva de Contratación. En otros 13 contratos, no se contempló el precio de la obra como criterio de adjudicación, lo que impidió premiar a las ofertas más baratas.

Retrasos. La ejecución de estas obras no fue tampoco ejemplar, con retrasos en el inicio de los trabajos en 16 casos, mientras que en otros cinco se retrasó el pago de las certificaciones a las empresas adjudicatarias.

Llama la atención cómo, una vez terminadas las infraestructuras, se produjeron importantes retrasos en su puesta en servicio. Uno de los casos más llamativos es el centro de usos múltiples de la Cala del Moral, incluido por el anterior gobierno municipal de Rincón de la Victoria y que debería estar terminado en junio de 2010. Dos años después, todavía no tiene fecha de inicio.

La construcción de una nave logística municipal en Marbella acumuló 616 días de retraso, siendo la segunda mayor de la provincia tras la Cala. Le sigue la biblioteca para mayores de Pedregalejo, con un retraso de 236 días.