05 de junio de 2012
05.06.2012
Oficina del Defensor del Ciudadano

La crisis inmobiliaria reduce las quejas por acoso inmobiliario

La Administración General aglutina el mayor número de reclamaciones en la provincia, sobre todo provenientes de pequeños ayuntamientos

05.06.2012 | 19:59

La crisis económica y, por ende, la falta de interés en construir ha disminuido "considerablemente" la presión de las grandes constructoras y promotoras sobre los vecinos de renta antigua y, por tanto, el acoso inmobiliario. En concreto, la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación Provincial ha tramitado un total de nueve casos durante el último año en Málaga.

Este dato ha sido valorado este martes por el responsable de esta Oficina, Francisco Gutiérrez, que ha hecho balance de las quejas tramitadas entre abril de 2011 y 2012. En total, han sido 6.048 reclamaciones, lo que supone una subida del 15 por ciento con respecto al ejercicio anterior en todos los ámbitos, excepto las relacionadas con la ordenación del territorio.

En este último apartado se engloban las reclamaciones por Viviendas de Protección Oficial (VPO), que con la crisis también han disminuido. En este sentido, Gutiérrez ha subrayado que la situación económica está incidiendo "muy directamente" en la Oficina, "no solo en tramitación de quejas habituales, sino también en la problemática de los ciudadanos".

Y es, por ello, que, en coordinación con la defensora del Pueblo de España y el defensor del Pueblo Andaluz, la Oficina del Defensor del Ciudadano de Málaga está en "estrecha" colaboración con los embargos hipotecario, sobre la base del documento elaborado por estos tres organismos: 'Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas de los Defensores del Pueblo'. En la actualidad, existen 350.000 procesos abiertos y 150.000 ejecuciones realizadas, ha dicho.

Por otro lado, la Administración General es el ámbito que suscita mayor número de reclamaciones, un total de 1.065 (el 45,20 por ciento). "La no contestación, la contestación tardía y el no atender suficientemente bien a los ciudadanos" siguen siendo, según el Defensor, los motivos más importantes, lo que se agudiza con "la insatisfacción" provocada por el funcionamiento administrativo. Ha precisado que en su mayoría son quejas referentes a ayuntamientos, "a veces más" en los pequeños por falta de recursos humanos.

A éstas le sigue el apartado de la vía pública (el 28,27 por ciento), con 666 quejas el último año, experimentando un incremento, sobre todo, en materia de accesibilidad y circulación del transporte público. Según Gutiérrez, a pesar de que se han eliminado "muchas" barreras arquitectónicas, éste aún sigue siendo un problema "muy serio", como también del parque de más de 15.000 viviendas en Málaga de tres o cuatro plantas que no tienen ascensor instalado por ser "muy antiguas".

Las reclamaciones por ordenación del territorio --385-- suman el 16,34 por ciento del total, y, en último lugar, las relacionados con el servicio a las personas son las minoritarias, con un total de 240 --el 10,19 por ciento-- entre abril de 2011 y 2012.

Desde su creación en 2005, la Oficina del Defensor del Ciudadano ha tramitado 29.720 quejas, el 70 por ciento favorablemente. En este sentido, Gutiérrez ha destacado la "gran" labor de mediación de esta entidad en los conflictos, así como la labor de proximidad con la ciudadanía desarrollada durante el último año. En este sentido, ha recordado "el compromiso" de ofrecer una atención "más personalizada" a colectivos y ciudadanos, de ahí a que se hayan realizado 611 entrevistas.

También se "está cumpliendo" el compromiso de no repetir las quejas "habituales" de la Administración; en concreto, "la tardanza en contestación a requerimiento o no contestación", ha explicado. Por ello, la Oficina del Defensor ha limitado el tiempo de acuse de recibo y de asignación del número de expediente a un plazo máximo de 72 horas, así como a 30 días el inicio del expediente.

En este punto, el Defensor ha destacado que "hoy día" hay medios técnicos y humanos "suficientes" para que una administración solvente responda a la petición de un ciudadano en "un plazo de 24 y 72 horas". "Cualquier ayuntamiento mediano tiene los medios tecnológicos y, además, suministrados por la propia Administración provincial", ha incidido, añadiendo que "si no se hace, es porque o no se quiere o no hay una dinámica de trabajo adecuada".

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