05 de junio de 2012
05.06.2012
Sucesos

La Fiscalía investiga la estafa en los contratos a discapacitados

La Fiscalía Superior de Andalucía envía a la Provincial las pesquisas efectuadas

05.06.2012 | 07:00

La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la Fiscalía Provincial de Málaga la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial en relación al supuesto fraude cometido por una firma en la recepción de ayudas por la contratación de cincuenta discapacitados. Se remite el material «para su conocimiento y a los efectos oportunos», por lo que no se conoce qué decisión tomará la Fiscalía Provincial de Málaga.

Ayer, el abogado de uno de los imputados, gerente de Marketing Finance & Profesional Contact Center, acusó a Comisiones Obreras de convertir un asunto «puramente laboral en un tema político». El caso tiene ramificaciones en Málaga, Granada y Jaén. En Málaga se contabilizan 50 afectados. El imputado declaró en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid. Su abogado aseguró que el sindicato «ha trasladado indebidamente y sin ningún fundamento lo que es un asunto meramente laboral a un conflicto penal».

Además, añadió que ni J. E. S. B. ni el otro responsable de la empresa, que aún no ha sido citado a declarar, «han hecho nada de lo que se dice». El letrado reprobó, además, la actitud del sindicato en este asunto por el hecho de afectar a trabajadores discapacitados, mientras que el imputado no quiso hacer declaraciones por respeto al procedimiento judicial.

La declaración se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada haya abierto diligencias a la empresa por posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores.

El asesor jurídico de CCOO, Amador Torres, aseguró que el asunto ha sido remitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalía General del Estado, concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada inició la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalía Superior en el que consideraba que MFK podría haber incurrido, al menos indiciariamente, en «graves irregularidades».

El total de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de 307, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1,38 millons de euros entre 2008 y 2010.

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