El miedo y la desesperación se palpan entre los vecinos más antiguos del número 3 de la plaza de Mendizábal, junto a la calle Cristo de la Epidemia, un viejo edificio de estilo regionalista que también tiene fachada a las calles Puerto Parejo y García de Haro. Ninguno quiere dar su nombre por miedo a represalias de los que consideran los responsables de una red ilegal de arrendamiento de viviendas en el mismo inmueble, a espaldas de la propiedad.
Como han denunciado en varias ocasiones a la policía, en 2009 una pareja alquiló una vivienda y tras dejar de pagar al mes siguiente, comenzó a alquilar las viviendas vacías del bloque, que cuenta con 28 pisos, dejando en franca minoría a una decena de vecinos que paga renta antigua, uno de los cuales nació en esa casa hace 80 años. «El que menos lleva está aquí desde hace 41 años», explica una vecina, mientras que señala que los inquilinos tradicionales son en su mayoría personas de edad avanzada y también hay algún enfermo mental.
A la llegada de estos inquilinos ilegales comenzaron los problemas: ocupación de pisos vacíos, pero también de zonas comunes, rellanos de escaleras, trasteros y la azotea, además del aprovechamiento fraudulento del agua y la electricidad, detallan en una de las denuncias a la policía.
Pero además, algunos de los vecinos legales comenzaron a padecer acoso, en forma de atoro de los bajantes con ropa y basuras, lanzamiento de basura al patio donde cuelgan la ropa, rotura de la cerradura, sin olvidar las agresiones físicas y verbales.
Los vecinos detallan también la presencia de niños de corta edad en el piso y de toxicómanos, y el cultivo de marihuana, algo que pudo constatar la policía, explican, que ha retirado algunas macetas. Ayer, en la azotea del bloque podía verse un colchón en el suelo, separado por una colcha colgada del resto de la terraza. La azotea, explican estos vecinos, es otra de las zonas que se alquila para dormir. «Hay rumanos en la azotea durmiendo en condiciones infrahumanas debajo del lavadero», apuntan.
Y los problemas no quedan aquí porque, según explican, el pasado mes de diciembre se encontraron con que la administración de fincas no quiso cobrarles a algunos de ellos dos mensualidades y el dinero fue consignado por uno de ellos en un notario.
Los inquilinos legales han vuelto a pagar el alquiler pero denuncian la pasividad tanto de la administración de fincas como del propietario del inmueble. «Están haciendo esto para echarnos a la calle, por eso lo están dejando. Soy humilde, no tenemos donde caernos muertos pero somos gente educada», asegura uno de los vecinos, que también lamenta que tanto la Policía Nacional como la Local «vienen mucho pero ninguno hace nada».
Este diario se puso ayer en contacto con la administración de fincas encargada del inmueble, Vázquez Alfarache S.C; un portavoz señaló que se trata de un problema legal y remitió al abogado Antonio Martí, quien precisó que era el representante legal de la anterior propietaria, ya fallecida, y que ahora mismo «existe una situación que está pendiente de una herencia», desconociendo el estado actual del inmueble.
Defensor y Ayuntamiento. Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano, señaló ayer a La Opinión que en otras zonas de Málaga se han producido hechos similares con antiguos inquilinos. «Es una forma de echarlos, dejando que se metan unos ocupas y al final se tienen que ir, es algo que se ha hecho muchas veces». Gutiérrez pidió a los vecinos que se pongan en contacto con la Oficina del Defensor para atender su caso.
Julio Andrade, concejal de Seguridad, indicó que si la Policía Local no ha intervenido en el edificio hace tiempo, se compromete a estudiar el asunto. «Si la ocupación es ilegal es el propietario el que tiene que denunciarlo, pero en temas de delitos y convivencia sí podemos actuar». Andrade pidió «tranquilidad» a los vecinos y confianza en la labor de la Policía Local.
