El Gobierno ha decidido cerrar definitivamente el polémico Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, ubicado en el barrio de Capuchinos, de tal forma que la remodelación que se acometerá desde finales de mes será la última de la atormentada historia del edificio.

La idea es que, una vez que se concluyan los trabajos, según publicó ayer ABC, la instalación acoja alguna dependencia policial como la antidisturbios (UIP). Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy y aseguraron que los inmigrantes ilegales serán distribuidos en los centros de Algeciras y Madrid, «según su capacidad». Hace días que dejaron de llegar nuevos extranjeros en situación irregular. Eso sí, el Gobierno no da fecha para echar el cierre, aunque se atisba una cierta inminencia en la decisión.

El CIE de Capuchinos lleva años en el centro de la vorágine por las continuas denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre supuestas lesiones a los derechos humanos de los internos o incluso por el tristemente famoso caso de los presuntos abusos a mujeres inmigrantes por parte de varios policías nacionales, encargados de custodiar a los extranjeros.

Además, el mal estado del edificio ha hecho correr ríos de tinta. El fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Andrés Redondo de Terreros, llegó a decir en una de sus memorias: «Reclamar el cierre del CIE, lo cual venimos haciendo año tras año, constituye una obligación moral».

«Consideramos que un país como el nuestro no puede permitirse tener un CIE como el de Málaga», afirmaba el fiscal de Extranjería, quien, al tiempo, confesaba: «La situación del edificio no impide poder apreciar el buen trabajo de la policía». Es más, opinaba que cualquier dinero que se emplease en reformar el centro «lo será a fondo perdido».

Llegó a calificar su estado de «deplorable» en la memoria de 2010, y detallaba nueve problemas de la infraestructura que requerían de una rápida solución, entre ellos «el frío excesivo» que pasaban los internos en invierno.

El Ayuntamiento y el anterior Ejecutivo socialista trataron de buscar una solución para el problema consistente en levantar otro CIE en una parcela del polígono Guadalhorce, edificio en el que además habría diversas dependencias policiales, pero la falta de dinero y la diferencia de sensibilidades políticas acabaron dejando en el alero la posibilidad del nuevo centro.

El Gobierno ya prepara un cambio total en cuanto a la concepción con la que nacieron estos centros, de tal forma que serán atendidos por un cuerpo de funcionarios creado al efecto.

En 2011, el CIE tuvo una ocupación media de 21 días de tal forma que pasaron 868 personas por el edificio. Pese a semejante trasiego de extranjeros, sólo nueve internos se quejaron ese ejercicio al juez por problemas de convivencia. En cualquier caso, el fiscal siempre ha defendido que el trato a los foráneos, desde el punto de vista asistencial y técnico, ha sido adecuado en todo momento.

Por otra parte, el diputado de IU por Málaga, Alberto Garzón, quiere que el Ministerio del Interior explique si prevé tomar alguna medida en el CIE después de que cinco policías nacionales hayan sido acusados de abusos sexuales a internas del centro.