La fiebre del cobre en el mercado negro ha llegado al extremo de poner nervioso al Ministerio del Interior. El plan del Gobierno, esbozado la semana pasada por el ministro Jorge Fernández Díaz, pasa por introducir en el Código Penal una nueva tipificación que endurezca las condenas para los ladrones y los comerciantes del material robado.

Razones hay para ello. Lo que al principio de la crisis comenzó aportando noticias curiosas se ha convertido en un «monstruo» que el año pasado movió en España seis millones de euros y «produjo» 16.228 robos de cobre –2.528 más que el año anterior– y 5.036 detenidos por los 3.544 de 2010 y los 1.300 de 2009.

Desde Interior creen imprescindible que las penas por este delito tengan en cuenta no sólo el valor del cobre sustraído, sino también el daño causado en negocios y empresas que en muchos casos detienen su actividad durante días o semanas. La provincia de Málaga sabe mucho de eso. Pueblos a oscuras o sin teléfono, autovías sin luz, semáforos inservibles o regadíos resecos son algunas de las consecuencias del robo de cobre.

Desde 2010, año en el que el negocio explotó definitivamente de mano de la crisis, la provincia de Málaga ha sido escenario de multitud de robos que también acabaron en tragedia con la muerte por electrocutamiento de sus protagonistas.

Este particular expolio dejó el pasado mes de febrero sin luz la antigua muralla de Mijas en varias ocasiones y a un montón de vecinos de Ronda que se quedaron sin suministro durante 48 horas. Material robado por valor de 1.300 euros en el colegio Lope de Vega de Coín o en el propio alumbrado municipal o el robo del cable de las obras de reforma de uno de los puentes de acceso a Antequera que retrasó su inauguración en 2010 son algunos ejemplos que afectan a las administraciones que ven cómo los cacos se llevan hasta las tapas de las alcantarillas para venderlas al peso. Ni las obras del metro de Málaga ni las del AVE han estado a salvo.

La epidemia se extiende en zonas urbanas y rurales. Promociones enteras de viviendas abandonadas víctimas de la crisis económica han sido arrasadas en buena parte del litoral, pero hasta los agricultores han comprobado cómo estas bandas organizadas se llevaban el cobre de sus sistemas de regadío.

Incontables son también los daños que esta actividad supone para cientos de empresas, incluso las más potentes. Ya en 2010, Telefónica reconoció un aumento de los costes cercano al 400% en algunas regiones debido a la desaparición de decenas de kilómetros de cable telefónico. Otra de las grandes víctimas es Endesa, cuyos responsables hablan de pérdidas millonarias para mejorar la seguridad de subestaciones y transformadores, unas de las presas más codiciadas. La razón, los poco más de 5 euros el kilo que a día de hoy se paga este material.