La Ley es la que es. El fiscal Anticorrupción pide, en su escrito de conclusiones definitivas, una indemnización para el Consistorio marbellí de 4,17 millones de euros debido al perjuicio sufrido por la ciudad con dos convenios. Por otro lado, reclama más de 3.800 millones de euros en multas asociadas al blanqueo y a los cohechos, montante que según la norma actual debería inyectarse directamente al Estado, por lo que, si el tribunal del caso Malaya dicta una sentencia acogiendo estos números, el municipio esquilmado se quedaría con una mínima parte de la suma saqueada.
Esto no ocurre así porque el fiscal Anticorrupción quiera, sino porque la ley establece que las indemnizaciones derivadas de la malversación de caudales sí van a las arcas del municipio esquilmado, pero las multas de blanqueo se destinan al Estado. Marbella pidió en un primer momento 14 millones de euros de responsabilidad civil, pero lo reduce en su escrito de conclusiones definitivas a 9,2 millones.
El tribunal, con José Godino, su presidente, a la cabeza, es consciente de que ésta será una de las cuestiones más difíciles a abordar en la sentencia, pero la Sala, según fuentes cercanas, pretende que la mayor parte del dinero saqueado revierta en Marbella, un fin para el que habrá que hacer una novedosa interpretación jurídica para, sin traicionar a los textos normativos, tratar de que el dinero de los finalmente condenados -si es que los hay- acabe volviendo a la ciudad de la que salió. Lo más fácil sería que el Gobierno y el Congreso cambiaran la ley 17/2003, pero eso parece complicado.
El Consistorio marbellí destina, en su escrito de conclusiones definitivas, todo un apartado a ello. Así, recuerda que Roca, además de Malaya, está pagando la responsabilidad civil por Saqueo 1 (24 millones de euros), que se le piden siete años en Saqueo 2, y que en Instrucción 1 de Marbella se están efectuando numerosas investigaciones por delitos de corrupción de contenido económico a raíz de una querella formulada por la Fiscalía en 2006 (hay treinta causas, según el Ayuntamiento).
«En todas estas actuaciones, el Ayuntamiento ha solicitado el embargo de todos los bienes de Roca a efectos de resarcir al mismo por los daños producidos». Muchos de esos procedimientos son relativos a malversación y el dinero iría a Marbella, pero Malaya es fundamentalmente un caso de blanqueo, con lo que lo intervenido -todo el patrimonio del exasesor- acabará en Madrid dado que ha sido de los primeros procesos en ser enjuiciados.
«No parece lógico, que por motivos temporales, se haya juzgado Malaya antes que estos otros casos, como por ejemplo Saqueo 2, y por dicho motivo puedan decomisarse o destinar al abono de las multas el patrimonio de Roca y dejar sin atender los daños que puedan declararse en todas estas causas». Por tanto, pide el Consistorio una interpretación generosa del artículo 127 del Código Penal, lo que puede servir «para que dichos bienes atiendan el daño producido a la ciudad, cuestión apoyada por unanimidad de todos los grupos políticos del Parlamento andaluz».
La Ley 17/2003 contempla que los bienes que procedan del blanqueo relativo al tráfico de drogas vayan al Estado, por lo que, si se hace una analogía con lo sucedido en Marbella, el patrimonio ha de ser destinado a la ciudad.
Recuerda el Consistorio que el municipio fue disuelto, que recibió un préstamo de 100 millones de euros de la Junta -que hay que devolver-, que le debe a la Seguridad Social y a Hacienda más de 300 millones de euros y que las condenas por alcance contable impuestas a la mayoría de imputados superan los 200 millones, un montante que no se logra cobrar «porque nadie paga sus responsabilidades».
«Carecería de sentido que el Estado recibiera las multas y el comiso y el municipio conservara las deudas por Seguridad Social y Hacienda y las sentencias firmes de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas sin poderlas cobrar», aclara el letrado en el escrito. Este año, recalca, los presupuestos del Estado contemplan la posibilidad de que Marbella pague su deuda con los bienes de casos judiciales.
Olivo, muy bien tratado por Marbella. El Consistorio marbellí, en una extraña labor para ser acusación particular, duda, literalmente, de que Tomás Olivo entregara 1,8 millones de euros a Roca o que esa suma sea una dádiva. No tiene, sin embargo, duda alguna en relación con otro pago de 600.000 euros. Por ello, le pide 90.000 euros de multa y dos años de prisión. Este empresario es, además, uno de los que más intereses tiene en Marbella.
A lo largo de toda la causa, ha habido rumores sobre negociaciones entre el Consistorio y determinados promotores, pero ello nadie ha podido probarlo. Para Roca, el Consistorio pide en sus conclusiones definitivas 20 años de prisión, diez menos que el fiscal, lo que fundamenta en que está pagando la indemnización de Saqueo.
