La Fiscalía de Málaga ha solicitado 12 años de prisión para el abogado Fernando del Valle, que ya fue juzgado en el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, por dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con la compraventa de un inmueble a través de sociedades por parte de un particular, que también está acusado junto a una empleada del despacho del letrado en Marbella (Málaga).
Según las conclusiones iniciales de la acusación, en la primera empresa utilizada, constituida en Panamá en 1982, Del Valle y la empleada, que también fue juzgada en el caso 'Ballena Blanca', tenían desde 1999 poder indefinido para que la representaran en España. Dicha sociedad tenía como propiedad un apartamento y dos plazas de aparcamiento en un mismo edificio de Marbella.
El tercer acusado hizo contrato de arrendamiento del inmueble en marzo de 2001, dice el fiscal, y luego se celebró otro de opción de compra por un millón de dólares a favor del mismo procesado, quien "pretendía realizar esa opción de modo que el precio no apareciese imputado directamente a él, sino indirectamente permaneciendo la adquisición real escondida bajo el mando de personas jurídicas".
Así, "se concertó con el otro acusado Fernando del Valle" para realizar la operación en varias fases, iniciando por la adquisición de participaciones de la empresa inicial, gestionando la constitución de otra sociedad y suscribiendo participaciones de unas u otras, hechos que, según el escrito inicial del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, generan hechos imponibles.
Por un lado, está la aportación de la primera sociedad del inmueble en pago de participaciones de la otra mercantil, lo que "devenga el impuesto de renta de no residentes", aunque, según el fiscal, sus representantes, Del Valle y la acusada, "conocedores de dicha obligación, omitieron la correspondientes declaración". La cuota omitida se fija en 170.647 euros.
En segundo lugar, está la adquisición de las participaciones de la empresa inicial por parte del otro acusado por un millón de dólares, que equivale a 1,1 millones de euros, lo que, para la acusación, devenga del IRPF por la ganancia patrimonial no justificada y aflorada. De esta cantidad no justificada se estimó una cuota omitida de 528.420 euros.
Por estos hechos, se acusa de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del impuesto sobre la renta de no residentes en el ejercicio 2003 y por otro delito contra la Hacienda Pública por defraudación en el IRPF en el mismo ejercicio, acusando al particular como autor de ambos y a Del Valle y a la empleada como cooperadores necesarios de los dos.
Así, pide que se imponga a cada uno por cada delito una pena de seis años de cárcel y multa del séxtuplo de cada una de las cantidades supuestamente defraudadas. El juicio está previsto que se celebre en febrero del próximo año en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital.
