Veintidós años después de su apertura, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos echa hoy el cerrojo. Los funcionarios que hasta ahora han custodiado a los inmigrantes serán los últimos en abandonar las instalaciones para ser reubicados en otros destinos, ya que los internos han sido derivados durante los últimos días a los CIE de Algeciras, Murcia y Madrid. Así lo confirmaron ayer fuentes del Sindicato Unificado de Policía, quienes cifraron en algo más de una treintena los funcionarios que abandonarán a lo largo del día el edificio. Aún así, está previsto que el inmueble siga acogiendo a algún grupo policial, como los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial. Esto ocurrirá cuando la última de las remodelaciones que se llevará a cabo en el edificio concluya.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía, ordenó hace unos días el cierre ante una «mala situación de sus infraestructuras» que se ha dado desde su apertura en 1990, ya que sólo dos años después llegó la primera remodelación ante la presión de Málaga Acoge. Entre 1992 y 1993 se denunció la inexistencia de un reglamento interno, de servicios sociales o un servicio sanitario para los internos, cuyos familiares y letrados tenían dificultades para realizar visitas. No había personal femenino para atender a las internas ni economato.

El Defensor del Pueblo comprobó personalmente que los internos permanecían diariamente encerrados mientras el patio se quedaba vacío porque no había agentes para vigilarlos. La limpieza flaqueaba y se cenaba bocadillo sí o sí. Un año después, 46 internos se declararon en huelga de hambre por las condiciones del centro y la escasez de comida, mientras que en 1996 saltó la polémica de los sedantes que finalmente fue archivada. Otra vez el Defensor, en 1997, denunció la falta de espacio en el centro.

En 2000 hubo reformas y se instaló un sistema de detección de incendios tras tres aparatosos incidentes. En abril de 2003, la Fiscalía de Málaga denunció que los internos, que ni siquiera son detenidos, vivían en peores condiciones que en una cárcel. Esa denuncia la repitió en 2006, año en el que se preveían 300.000 euros para eliminar las humedades y cuando se sustituyó a toda la plantilla tras las denuncias de abusos sexuales con consentimiento viciado de agentes sobre algunas internas. El pasado mes de mayo, el fiscal solicitó penas de 27 años de cárcel para cinco de los policías.

El principio del fin llega en febrero de 2010, cuando el Sindicato Unificado de Policía realizó una inspección que concluyó con una sentencia: «No podemos asegurar la vida y la integridad física de los internos ni de los policías».