El Gobierno andaluz aprobó ayer por decreto el mayor recorte de su historia en medio de una oleada de protestas y movilizaciones sindicales y ciudadanas que van desde los encierros del personal sanitario en los hospitales a alumnos de centros públicos dando clases en plena plaza de la Constitución como sucedió ayer en Málaga.
A pesar de las medidas de presión, el Gobierno andaluz dio luz verde, una vez rotas las negociaciones con los sindicatos, al anunciado plan de ajuste, que se aplicará de forma inmediata en el mes de julio y que contempla un ajuste presupuestario de 2.5000 millones de euros, de los que cerca de 750 millones saldrán de los recortes en las nóminas de los funcionarios, personal laboral, interinos y altos cargos de la Junta de Andalucía. Esta medida afectará en Málaga a más de 40.000 empleados públicos pertenecientes a la administración andaluza.
El llamado plan económico de reequilibrio financiero para cumplir con el objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5% del PIB andaluz, se tramitará en el Parlamento como proyecto de Ley. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, explicó que el decreto ley aprobado ayer «se aplicará ya en las nóminas de julio» y afirmó que busca «mantener el máximo empleo sin privatizar».
Recortes en las nóminas. En cuanto a las medidas concretas, la norma establece la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación de este decreto-ley. La consejera aseguró que la reducción de sueldo al personal tiene un carácter excepcional y temporal, durante los ejercicios 2012 y 2013 siempre que los ingresos de la comunidad autónoma vuelvan a la normalidad.
Se fija en un 7,5 por ciento -en lugar del 5 por ciento inicialmente previsto- la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal, que será del 10 por ciento frente al 15 por ciento anunciado anteriormente.
Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1 por ciento los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10 por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos). En el personal laboral se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre.
El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
Los funcionarios de Justicia experimentarán una reducción del 5 por ciento. Se aumenta la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales. Se suspenden las horas extraordinarias y las gratificaciones.
Los sindicatos rechazaron ayer las medidas de ajuste y mantienen las movilizaciones que en las últimas semanas se han sucedido casi a diario en el funcionariado público y que han sido especialmente contundentes y masivas en el sector sanitario, educativo y en justicia. Médicos, enfermeras y celadores encerrados en el hospital Clínico y en Carlos Haya, alumnos que ayer daban clase en la calle y un sinfín de paros diarios de protesta en todos los departamentos de la función pública ha sido la tónica diaria en Málaga en las últimas
semanas.
