La carestía de recursos económicos no sólo se nota en sanidad o educación, servicios esenciales por definición del estado de derecho, sino que en Justicia, por ejemplo, los problemas al respecto se han disparado debido a la crisis económica. Según una comunicación a la que tuvo acceso este periódico, la Consejería de Gobernación y Justicia no tiene dinero para encuadernar la memoria anual de la Fiscalía de Málaga, el documento más importante para el ministerio público en el que se recoge la evolución anual de la criminalidad en la provincia.
El escrito está fechado el 20 de julio de 2012, y en el mismo, el jefe de la Sección de Gestión Económica de la Consejería de Gobernación y Justicia deja claro el momento que atraviesa la administración andaluza: «Habiendo recibido un escrito en el que se solicita la encuadernación de la memoria anual de la Fiscalía, le comunicamos que en la actualidad no se podrá realizar esta actuación por carecer de disponibilidad presupuestaria».
De momento, no ha reacción oficial a la comunicación por parte del ministerio fiscal, pero algunas fuentes consultadas califican de «inquietante» el asunto, sobre el que se ironiza, y mucho, en distintos ámbitos y juzgados de la Ciudad de la Justicia.
Lo cierto es que se está recortando en innumerables áreas de la administración de justicia, y la prueba más irrefutable de que no hay dinero para invertir es que se ha aprovechado el cambio de oficina judicial y la metamorfosis hacia un nuevo modelo para paralizar la creación de juzgados. Se está a la espera de que la nueva oficina judicial sea una realidad para invertir de nuevo de forma que únicamente no se gaste el dinero en mantener lo que hay, sino en proyectos novedosos.
Lo cierto es que el cambio de concepción en cuanto a la planta judicial, con la drástica reducción de partidos judiciales en todo el país, va en ese camino. En Málaga, por ejemplo, se pasa de once a cinco partidos judiciales –aún no se ha recogido el asunto en una Ley de Planta que deberán diseñar las Cortes–, lo que ha motivado una agria polémica entre los políticos locales y los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial esgrime en su informe sobre el asunto que debido a la crisis y con el auge tecnológico de nuestra sociedad no se puede aspirar hoy en día a tener un juzgado a la puerta de casa. Los medios de comunicación han evolucionado tanto que hoy se hacen notificaciones vía telemática, y los programas informáticos comienzan a interconectar diferentes sedes judiciales a golpe de ratón, aunque aún queda demasiado para llegar al status quo que pretende los responsables de justicia.
También se suprimieron, por ejemplo, los taxis en el servicio de notificaciones, se ha rebajado el sueldo a los funcionarios en varias ocasiones y el futuro de los interinos pende de un hilo.
