28 de junio de 2012
28.06.2012
40 Años
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Tribunales

La Fiscalía pide a la juez el archivo del ´caso Porras´

La Fiscalía entiende que no hay delito en la actuación de la edil del PP como denunció en su día el PSOE

28.06.2012 | 07:00

La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado de Instrucción número 2 de la capital el sobreseimiento provisional del caso de las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento, dirigida por la concejal Teresa Porras. El asunto fue denunciado en su día por el grupo municipal socialista, que ejerce la acusación particular en el proceso.

La Fiscalía, tras las primeras diligencias efectuadas en sede judicial, considera que no existe delito en las acciones protagonizadas por la también concejala de Servicios Operativos.

El argumento utilizado por el fiscal encargado del caso es que la legislación administrativa para contratos de obra menor no exige la celebración de un concurso, sino que permite la contratación directa. «Se permite la adjudicación directa, y aquí se ha dado una contratación negociada, por lo que no hay delito», señalan las fuentes del ministerio público consultadas por este periódico, que, en su día, informó supuestamente de estas presuntas irregularidades en las que la Fiscalía no ve delito. Falta por saber qué decidirá la instructora.

La causa se judicializó después de que la Fiscalía viera indicios de delito en determinados actos administrativos y remitiese las diligencias de investigación efectuadas en el órgano a raíz de una denuncia presentada en abril de 2012 por el PSOE.

El ministerio público, tras una investigación preliminar, emitió un decreto firmado por el fiscal jefe en funciones, fechado el 1 de marzo, en el que se interesaba la incoación de diligencias previas y la práctica de varias diligencias más.

En ese decreto, el fiscal estimaba que podrían haberse cometido algunos de los tipos delictivos comprendidos en el título XIX del libro II del Código Penal, entre los que se consigna el tipo de prevaricación. En concreto, en la denuncia socialista se hablaba de algunos supuestos delitos contra la Administración Pública.

El fiscal pidió que se remitieran al juzgado copias de los expedientes adjudicados para diversos trabajos, aunque finalmente ha acabado solicitando el sobreseimiento.

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