El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defendió ayer la concesión de la licencia de obra que el Ayuntamiento dio en 2003 a la fábrica Financiera y Minera, a pesar de que acaba de ser anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (TSJA), pues se trataba «de una fábrica de cemento antigua que quería modernizarse y resolver los problemas de contaminación que preocupaban a los vecinos». «Si hubo una inversión importante, tendente a una modernización y visto desde el punto de vista del bien común, parecía razonable que se diera la licencia, como así fue».

El alcalde reconoció que cuando se planteó la actuación en 2003, la altura propuesta para la chimenea «era superior a la que el PGOU permitía en ese momento, pero como las instalaciones no son cerradas sino abiertas, pues se entendió que podían autorizarse», y recordó que el proyecto se efectuó con los informes previos favorables del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Por eso, reflexionó indicando que no cree que el sentido de la sentencia sea el derribar la chimenea, «pues eso sería un disparate y se crearía una situación absurda».

Por ello, De la Torre abogó por aplicar «el sentido común, pues si hay que volver a la situación anterior eso sería peor, pues esta inversión ha tratado de mejorarla. Estamos en un estado de derecho, pero apliquemos también en sentido común y miremos el bien común».

El TSJA estima que la licencia nunca debió concederse, ya que el proyecto debió someterse antes al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Además, las obras no debían de haberse autorizado, ya que la cementera urbanísticamente se encontraba fuera de ordenación, no siendo su ubicación la idónea para albergar las obras acometidas, entre otras razones, por su proximidad a varios núcleos de población.

La Sala de lo Contencioso también estima que la torre de 110 metros de la cementera excede la altura máxima permitida en el PGOU de 1998, de 35 metros.