Morir no sale a cuenta y mucho menos desde ayer, 1 de septiembre, cuando la subida del IVA en gastos funerarios ascendió hasta el 21%. Los empresarios de pompas fúnebres no ven con buenos ojos la medida ya que consideran que el coste medio por fallecimiento puede suponer a las familias unos 390 euros más de lo previsto y esto, aseguran, repercutirá en el negocio.
Aunque la diferencia de precios entre unas y otras empresas es considerable, el gasto medio por servicio será de unos 2.700 euros desde ayer, llegando a 3.000€ en los presupuestos menos económicos. Con esta subida del IVA, Hacienda pasará a embolsarse algo más de 4,5 millones de euros al año tan solo en la provincia de Málaga, donde se contabilizaron en total 11.685 defunciones en 2011.
Desde la Asociación de Funerarias de España (Afues), creen que la subida del IVA del 8 al 21 por ciento es contraproducente para los empresarios y se notará especialmente en los puestos de trabajo en este sector. «La subida supone a las familias de los fallecidos un coste adicional que puede variar entre los 200 y 400 euros, esto supondrá una disminución económica en las ventas funerarias y repercutirá directamente en el empleo», asegura el presidente de Afues, Lucio Gabriel.
Cuando se dio a conocer la noticia del aumento del tipo reducido el pasado mes de julio, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que la subida del impuesto afectaría a «discotecas, teatros, circos, servicios funerarios y otros espectáculos». Todo en un mismo saco, que los empresarios de pompas fúnebres consideran «desproporcionado», teniendo en cuenta que la muerte no es un lujo, sino un proceso natural por el que todas las familias atraviesan.
Los últimos datos aseguran que seis de cada diez españoles tienen contratado un seguro de cobertura de fallecimiento y según el presidente de Afues, «las aseguradoras no repercutirán la totalidad de la subida del IVA en sus contratos para evitar una disminución de clientes». Por ello, muchas de estas empresas de seguros están intentando «negociar con las funerarias la subida del IVA para que asuman una parte», explica Gabriel. «La única realidad es que esta medida afectará directamente a los usuarios, que son a los que se cobrará indirecta o directamente estas cantidades».
En este sentido, desde Afues recordaron que la mayoría de las funerarias españolas, a causa de la crisis, mantienen los precios congelados desde 2006, a pesar de que los costos generales no han dejado de aumentar desde entonces.
Y es que no solamente los usuarios se han quedado muertos con la noticia, las distintas delegaciones regionales de Afues se reunieron el pasado 21 de agosto para debatir la medida y contemplar el nuevo panorama del sector. Ante la llegada inminente de la subida, los empresarios funerarios piden una revisión y no descartan movilizaciones en Madrid de no ser escuchados.
na reforma de ley que tarda en llegar
Los empresarios funerarios son conscientes de las circunstancias que envuelven a su negocio. Cuando un ser querido fallece, las familias disponen de poco tiempo y ganas para tomar una decisión sobre la funeraria que gestionará el proceso. Según los empresarios de pompas fúnebres, esto impide en la mayoría de las ocasiones que los usuarios tengan la posibilidad de comparar precios y servicios, por lo que al final terminan decantándose por aquellas empresas que ofrecen sus prestaciones en hospitales o se publicitan en centros similares.
«Esto significa que los usuarios de estos servicios esenciales no tienen libertad de elección de prestador funerario», explican desde la Asociación de Funerarias Españolas en un comunicado de prensa. A esto se suma que la Ley de servicios funerarios, que nació con el objetivo de agilizar la competencia y garantizar la libertad de mercado de las empresas legalmente establecidas, está congelada desde enero de 2012. Un error, según los empresarios de pompas fúnebres, quienes consideran que blindar esta medida puede repercutir positivamente en el bolsillo del usuario, al suponer un ahorro a las familias de entre 500 y 900 euros por servicio, dependiendo de las características que se contraten. En el artículo 13 de la propuesta de modificación de ley presentada por el anterior gobierno socialista, se especifica la intención de garantizar que los usuarios puedan elegir libremente al prestador de los servicios funerarios. No solamente de forma particular, sino también para aquellos usuarios que tengan contratado un seguro de decesos.
