Las más de doscientas familias que buscan a los bebés robados en la provincia, agrupadas en la asociación Aberoa, se adherirán a la querella que prepara contra el Estado español una juez federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco, tal y como confirmó la asesora jurídica del colectivo, Marina Palomo, a este periódico.
«Nos reunimos a mediados de agosto con varios afectados y les transmitimos la información que nos hicieron llegar desde Argentina; creemos que puede sernos útil», dijo. No es una frivolidad. Estas familias siempre han querido despolitizar la lucha emprendida hace años, pero los jueces han archivado, una tras otra, la mayor parte de las denuncias al no existir autor conocido de la sustracción dado el tiempo transcurrido o al entender que no hay delito, según ha denunciado el colectivo.
Esa catarata de archivos ha hecho mella en la moral de las familias, que ahora ven en la querella de la juez argentina Servini de Cubria, que instruye el caso en un juzgado federal, una oportunidad de perseverar en su intención última: la aparición de sus seres queridos, y hay argumentos jurídicos que avalan su postura.
«No nos perjudica, y es algo paralelo a la lucha emprendida: la justicia española nos hace poco caso y nos han archivado muchos procesos, y entendemos que aquí existió una trama organizada de la que formaron parte algunos funcionarios del Estado español, y por tanto del franquismo», recalca la letrada Palomo.
La querella está en instrucción desde 2010 a instancias de varias familias cuyos allegados fueron ejecutados en las primeras horas del alzamiento nacional contra la II República española. La tesis de la juez es básicamente la misma que utilizó Baltasar Garzón para actuar contra el dictador chileno Augusto Pinochet.
La forma más directa de participar en la querella es como querellante, para lo que hay que tener parentesco con la víctima, firmar un poder notarial a nombre de los abogados argentinos y presentar todas las pruebas que se puedan reunir.
Otra forma es presentar una denuncia, y por último apoyar la causa con un escrito de adhesión. En el caso de Aberoa, la asociación se adherirá una vez que avance la querella argentina contra el Estado, muy criticada, por cierto, en determinados sectores de la judicatura local, tal y como ocurrió cuando el juez Baltasar Garzón, ahora inhabilitado, puso en jaque a Pinochet en el otoño londinense de 1998.
Pasos para denunciar en España Hay más de 200 fectados en la provincia, y la presidenta de Aberoa, Isabel Agüera, recibe una media de 50 llamadas semanales de personas que se interesan por su trabajo. Para todos ellos, la asociación recomienda seguir una serie de pasos si se sospecha que un familiar fue robado, entre los años cuarenta y principios de los noventa, a su madre poco después del parto.
En primer lugar, el colectivo reclama que, si hay sospechas, se dirija la familia al centro hospita
ario afectado para pedir la documentación clínica existente en el archivo.
Luego, hay que acudir al Registro Civil para solicitar el legajo de aborto, si el bebé murió a las 24 horas; o, por el contrario, el certificado de nacimiento y el de defunción, si vivió más de un día.
Como tercer paso, hay que acudir al camposanto en el que se produjo la inhumación del familiar fallecido, para solicitar el certificado de enterramiento. Por último, se ha de interponer una denuncia ante la Fiscalía, la policía o el juzgado de guardia. Seguidamente, la maquinaria judicial se pone en marcha. En Málaga hay casi 100 denuncias en marcha.
