Antes de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detuviera al presidente de una asociación ornitológica de Ronda por usar cebos envenados en el perímetro de su finca, los agentes de la Guardia Civil y de la Consejaría de Medio Ambiente enviaron los restos de un perro al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía.

Como otros animales hallados días antes por la zona, presentaba síntomas de envenenamiento y los resultados despejaron dudas y encendieron alarmas. Se trataba de aldicarb, un compuesto químico de la familia de los carbamatos del que existen muchas referencias como insecticidas, acaricidas y nematicidas. Según el biólogo coordinador del programa Estrategia Andaluza de Lucha Contra el Veneno de la Junta de Andalucía, se trata de una molécula moderna: una obra de ingeniería industrial letal. Según el experto, es alta tecnología para quitar la vida sin ningún tipo de miramientos. Así, se puede usar para matar ésta u otra especie, pero su capacidad es tal que no entiende de límites y hace estragos en el medio, según las mismas fuentes, que indican que es una máquina que mata indiscriminadamente.

Con semejante definición, no es de extrañar que las autoridades prohibieran hace ya años su uso e incluso su tenencia, aunque este último caso y otros conocidos demuestren que todavía hay un mercado negro bastante activo gracias a su poder de destrucción, incluido el medio ambiente. Desde la Junta de Andalucía explican que el aldicarb y sus primos de familia, como el carbofurano o el metomilo, son los enemigos públicos número uno de la fauna silvestre y doméstica en Andalucía y en el resto de España. Los califica de aterradores y describe su contenido como moléculas tan perfectas en su diseño e intención de matar que pasan al resto del ecosistema con gran facilidad, incluida la cadena alimentaria humana. Por ello, los expertos aplauden la preocupación de la Administración por perseguir el delito y erradicar su uso.

Estadísticas. Desgraciadamente, el caso adelantado por La Opinión de Málaga no es el primero ni el último que detecta la administración, aunque sí es inédito por ser el presunto autor de los hechos un conocido silvestrista. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la provincia de Málaga se detectaron entre 2002 y 2008 más de 300 casos que pasaron por sus laboratorios.

Las estadísticas dicen que el número de envenenamientos aumentaron de forma significativa en 2007 y en 2008 con 60 y 120 casos, respectivamente. Esos dos años, la presencia del aldicarb también fue mucho mayor con 39 y 44. La evolución desde 2002 es de 25 envenenamientos en la provincia, 17 de ellos por aldicarb; 27 (5) de 2003; 19 (12) de 2004; 33 (7) de 2005; 21 (10) de 2006; y los 60 (39) de 2007.

El Consejo de las Comunidades Europeas dictó en marzo de 2003 la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contenían aldicarb, aunque hubo prórrogas que prolongaron su uso legal hasta 2007. El hecho de que no se no hubiese una retirada de los stock en posesión de los particulares, ha hecho que estos venenos sigan disponibles como veneno contra la fauna.