21 de septiembre de 2012
21.09.2012
Tribunales

La fiscal De Torres exige el abandono de la vía penal para castigar a prostitutas

La responsable de Violencia de Género recuerda que se infringe una ordenanza municipal y es en vía administrativa donde se debe resolver el tema

21.09.2012 | 07:00
Varias mujeres ejercen la prostitución en el Guadalhorce.

La primera condena a una prostituta por infringir la normativa municipal de convivencia, información que este periódico dio en exclusiva el 4 de julio de 2012, ha desatado una polémica que en un principio remite a la desobediencia, o no, de una ordenanza del Consistorio, pero que, en el fondo, se trata de un asunto de Derechos Humanos, opina la fiscal de Violencia de Género de Málaga, Flor de Torres. Ésta propuso ayer a sus compañeros, en una junta de fiscales, que «se abandone la vía penal para perseguir el ejercicio de la prostitución».

Una ciudadana rumana fue sentenciada por una falta de desobediencia cometida el 23 de abril de 2012, cuando una patrulla de la Policía Local la sorprendió en el polígono Guadalhorce ofreciendo servicios sexuales, a pesar de haber sido advertida dos veces por los agentes de que no podía hacerlo. La mujer apeló y la Audiencia Provincial le dio la razón, al entender que estos hechos «describen un mero incumplimiento de una orden relativa a una ordenanza municipal, sin describir siquiera insultos, desconsideración, reiteración en la desobediencia o negativa a identificarse».

La fiscal pide que no se acuse. La fiscal de Violencia de Género lo que pretende es que ninguno de sus compañeros acuse a una persona por ejercer la prostitución. El hecho de ofrecer sexo en la vía pública infringe una norma administrativa, y es en esa vía donde debe ser sancionada la persona denunciada. «Si es una ordenanza de convivencia ciudadana, que la sancionen por la vía administrativa, no por la penal», recalca.

La acusadora pública hace hincapié en el hecho de que muchas de las mujeres que ejercen la prostitución en el Guadalhorce son víctimas de mafias organizadas, y, si son sancionadas, será más difícil llegar a ellas para que denuncien su situación. «Lo que defiendo es que esa infracción administrativa no es base para un ilícito penal: la prostitución es libre, no es delito, y no vamos a convertir un tema lícito en un ilícito», reflexiona De Torres. Además, recuerda la responsable de Violencia de Género, diversos protocolos internacionales la obligan a proteger a las víctimas de trata.

Posible protocolo. En principio, y tras varias reuniones mantenidas entre el Consistorio y la Fiscalía, se ha planteado la posibilidad de que, en vez de denunciarles, se envíe el expediente a la Fiscalía para que ésta indague sobre la situación de la víctima de mafias coactivas para lograr que estas mujeres, en muchos casos indefensas, deban prostituirse.

Idéntica opinión tiene la Audiencia Provincial, en concreto la Sección Primera, que entiende que el Derecho Penal es la última ratio «y ha de quedar reservado para sancionar las conductas más graves y dignas de protección y que infringen bienes jurídicos fundamentales para la convivencia». Por todo ello, la Sala anuló la multa impuesta a la joven rumana.

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