El Ayuntamiento cumplirá el contrato que mantiene con Limasa hasta el año 2017, fecha en el que expira la concesión. La concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro, descartó ayer la municipalización de la empresa y abogó por mantener el servicio tal y como está ahora. No obstante, recordó: «Es una opción que está ahí».

«La municipalización de Limasa no está en las directrices que tengo del alcalde», destacó Navarro, quien apuntó que es un proceso «muy difícil» y que no se ha planteado como solución viable a los problemas económicos que tiene la empresa de limpieza, debido al plan de ajuste municipal que ha reducido la aportación del Ayuntamiento para 2013 en casi 7 millones de euros.

La concejala de Medio Ambiente reconoció que «todo es posible», pero insistió en que el contrato está vigente hasta 2017 «y no se puede romper sólo por una de las partes» sin una razón de peso. Por ello, señala que no es una alternativa prioritaria y apuntó que ahora el protagonismo lo tienen la empresa y los trabajadores en la negociación del convenio colectivo.

Ana Navarro afirmó que el Ayuntamiento no está interviniendo actualmente en la negociación de los recortes en la empresa, algo que está en manos de la empresa y los trabajadores: «Si la situación se complica, actuaremos».

Los recortes que se tienen que aplicar en Limasa coinciden con la negociación del nuevo convenio colectivo, ya que el actual expira el 31 de diciembre. Entre los aspectos clave para conseguir ajustar el presupuesto de la empresa de limpieza por los recortes, la concejala de Medio Ambiente apuntó que está no aplicar la subida del 2% en los sueldos que estaba prevista y buscar una alternativa al actual sistema de descansos y vacaciones, que obliga a la contratación de 300 empleados eventuales para cubrir los fines de semana y los meses de verano.

Precisamente ésta es una de las alternativas que evitaría acudir a la municipalización del servicio o al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) como las otras dos opciones puestas sobre la mesa para reducir gastos, como adelantó ayer La Opinión de Málaga.

La municipalización implicaría el pago de 6 millones de euros en concepto de indemnización a la empresa por romper el contrato cuatro años antes de que expire. Sin embargo, cálculos municipales apuntan a un ahorro de 12 millones de euros en concepto del canon que tiene que abonar a los socios privados de Limasa, que tienen el 51% de la empresa.

Por otra parte, las otras dos vías para ahorrar los 7 millones menos de ingresos que tendrá en 2013 pasan por cambiar el sistema de vacaciones, que ahora se cogen de junio a septiembre y pasarían a tomarse a lo largo de todo el año de forma rotatoria. Además, sólo se dejaría el domingo como único día fijo de descanso y el otro se cogería a lo largo de la semana, en lugar del sábado y domingo actuales. El objetivo de estas medidas sería reducir la plantilla de eventuales en 300 personas.

La última opción sobre la mesa es un ERTE que mandaría al paro a parte de la plantilla durante unos meses, en concreto en dos periodos diferenciados: de enero a mayo y de octubre a diciembre, pasando toda la plantilla de forma rotatoria.