17 de noviembre de 2012
17.11.2012
Justicia

Los abogados agilizan las demandas para evitar que sus clientes paguen tasas

El decano de los letrados malagueños planteará al Consejo General de la Abogacía Española que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Gallardón y ha convocado una manifestación el día 28 que comenzará ante la sede del TSJA

17.11.2012 | 06:00
Entre ochenta y cien procuradores de los tribunales se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga para denunciar la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Tasas Judiciales.

El anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales ya ha pasado los filtros del Congreso y el Senado, por lo que su entrada en vigor podría ser inminente. De hecho, la falta de concreción acerca de la fecha del inicio de su vigencia ha provocado un auténtico frenesí en los despachos profesionales de procuradores y abogados de la Costa del Sol, cuyos miembros se afanan en acelerar la presentación de demandas en los tribunales para evitar que sus clientes tengan que hacer frente a las nuevas tarifas, que oscilan entre los 50 y los 750 euros.

«Estamos tratando de presentar todas las demandas que tenemos lo antes posible para evitar que los clientes tengan que pagar esas tasas, ya que no sabemos cuándo entra en vigor la ley: hay rumores del 1 de enero de 2013, e incluso de los días 20 y 23 de noviembre», explica el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.

La procuradora Celia del Río lo confirma: «Vamos a tener una avalancha de demandas para que no nos pille la entrada en vigor de la ley», logrando así evitar a los clientes el pago de esas tasas. De la misma forma se manifiestan distintos letrados, que aseguran que las últimas semanas han sido frenéticas en sus despachos.

El nuevo texto prevé subidas en las tarifas judiciales de entre 50 y 750 euros: no en vano, excepto en Penal, el incremento es generalizado: en Civil, un juicio ordinario costará 300 euros, recurrir en apelación supondrá un desembolso de 800 euros, e ir al Supremo, 1.200, idénticas sumas previstas para los recursos en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Social, el recurso de suplicación costará 500 euros, y el de casación, 750. Para recurrir una simple multa de tráfico de 100 euros habrá que desembolsar 200.

Ello llevó al decano de los letrados a hablar «de una Justicia para ricos y otra para pobres». De hecho, 400 letrados han firmado para pedir la retirada de la ley.

Pero los abogados malagueños van más allá. El decano planteará en la próxima reunión del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que se celebra el 14 de diciembre, la necesidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Si esto no se acuerda, el Colegio de Málaga se planteará presentarlo motu proprio. «Habrá que ver si tenemos legitimación para hacerlo», indicó Lara.

Lo que sí se ha hecho ya es pedir a la Subdelegación del Gobierno permiso para una manifestación que empezará el próximo 28 de noviembre en la sede del TSJA en Málaga y acabará en la Plaza de la Constitución para protestar por la Ley de Tasas, tildada por los grupos de la oposición a Rajoy de mero «copago». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defiende sin embargo que lo recaudado servirá para sufragar el 10% de la Justicia Gratuita, y recuerda que se racionalizará el acceso a los juzgados y que los que menos tienen no habrán de afrontar estas tarifas.

Javier Muriel, letrado con despacho profesional en Marbella, considera «una barbaridad» el texto, «porque se coarta el derecho fundamental de una defensa con todas las garantías y se da la razón a quien siempre ha pensado que existe una Justicia para pobres y otra para ricos».

«Ya hay una oleada de impagos por parte de nuestros clientes, por lo que si ahora a uno nuevo le digo que además de mis honorarios debe de pagar fuertes tasas, nuestro trabajo va a disminuir: no es el momento social oportuno para hacer esto», precisa el letrado.

Fermín Villarrubia, secretario judicial de la jurisdicción Civil en la capital, asegura que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales no se opone a las tasas per se, pero sí considera que habría que apostar por precios más moderados, justo la postura que hicieron pública los jueces decanos en su reunión de Barcelona de hace dos semanas: tasas sí, pero más moderadas, y sobre todo para los grandes litigantes, bancos, aseguradoras y compañías.

El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Alcalá, siempre se ha mostrado partidario de las tasas, ya que ello podría suponer un alivio para la complicada situación de los juzgados.

María José Yoldi, portavoz de los cien procuradores malagueños que ayer protestaron a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga, aseguró que «la Ley de Tasas Judiciales es cuanto menos inconstitucional, un atropello para el justiciable, para la ciudadanía». Su compañera Celia del Río se expresa en similares términos: «Habrá menos trabajo para procuradores y abogados, y eso supondrá menos funcionarios. Es una medida disuasoria». Los operadores jurídicos están divididos ante la propuesta del Gobierno.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp