El grupo socialista sigue esperando la información solicitada al equipo de gobierno sobre al menos media docena de viajes realizados por el alcalde, Francisco de la Torre, y su esposa con cargo a fondos públicos, según puso ayer de manifiesto la portavoz del PSOE, María Gámez, que añadió que dichas respuestas no han llegado «a pesar de que se han cumplido ya los plazos legales para ofrecerla».

Gámez explicó que entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre su grupo presentó 19 petici0nes reclamando información detallada de una media docena de viajes oficiales realizados por el alcalde y su esposa y pagados con dinero público. De las 19, 14 han sido denegadas «bajo el pretexto de que se habían pedido de forma genérica» y las otras cinco «no han sido contestadas aún pese a que se han cumplido los plazos legales para acceder a la información», si bien en tres casos «nos dice que todavía tiene que buscar la información en los archivos, a pesar de que les hemos dado fechas exactas». Todo ello le llevó a Gámez a señalar que «el alcalde se autodenomina íntegro pero no es capaz de demostrar con datos su integridad».

Ante la falta de respuesta y la tardanza, la portavoz socialista aseguró que su grupo estudia acudir a los tribunales si no se resuelven las peticiones de información «para defender nuestros derechos a conocer en qué termino y por qué cuantía se han realizado los viajes, así como bajo qué fórmula jurídica se han aceptado esos pagos».

El PSOE considera que una medida para facilitar la transparencia informativa es poner en marcha la Comisión Especial de Información y Transparencia de las Contrataciones.

Por ello presentará una moción reclamando su puesta en marcha ya que «hace más de año y medio que se constituyó y no se pone en marcha pues es necesario aprobar el reglamento de funcionamiento interno de la misma».

Gámez señaló que «si se quiere hablar de transparencia, hay que aprobar las normas de funcionamiento de esta comisión y sacar a la luz las contrataciones que hace el Ayuntamiento y sus organismos con las empresas de esta ciudad y demostrar que todas ellas se hacen con la objetividad y el buen criterio que debe regir en todos los contratos públicos».