La crisis y los problemas económicos de las familias están llegando a situaciones límite. El pasado sábado 15 de diciembre, Jordi G.G. de 47 años se quitaba la vida en su residencia de la localidad de Ardales como consecuencia de la difícil situación económica por la que estaba pasando.

Este vecino de Ardales estaba casado y tenía dos hijos, de 22 y 25 años, y aún nadie se explica por qué se quitó la vida, ya que «siempre mostró una actitud positiva frente a su situación», aseguró el alcalde de la localidad, Juan Calderón, quien señaló que «todo Ardales está conmocionado y traslada su apoyo y cariño a la familia y amigos de la víctima».

Jordi llevaba varios años sin empleo y, aunque había tenido algunos «trabajillos puntuales», según señalaron algunos vecinos, no fueron suficientes para mejorar su situación económica.

Con el suicidio de este ardaleño, la acuciante crisis en la que vive el país se cobra su segunda víctima conocida en Málaga, pero sobre todo, la segunda en tan sólo dos días, ya que el pasado viernes María Teresa Mesa se arrojó desde el balcón de su vivienda, en la barriada malagueña de Los Corazones, por los problemas económicos que atravesaba desde hacía algún tiempo.

Para recordar a esta nueva víctima, más de medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se desplazaron hasta el municipio desde diversos puntos de la provincia. Allí centenares de vecinos compartieron el homenaje a Jordi y expresaron su consternación por el suceso.

Fuentes de la PAH acusaron a Unicaja de estar a punto de ejecutar una orden de desahucio contra Jordi, mientras fuentes de Unicaja, por su parte, aseguraron que la entidad había llegado a un primer acuerdo «amistoso» para la dación en pago de la vivienda y para la consecución de un alquiler social para la familia, de lo que hay constancia por escrito.

Además, la entidad niega que se hubiera realizado algún requerimiento para el embargo de la vivienda y ni siquiera se había metido en mora al cliente, a pesar de los impagos acumulados de cuatro meses. De hecho, según las mismas fuentes, el propio afectado había mostrado a la entidad su alivio ante el acuerdo alcanzado con Unicaja y su satisfacción al cambiar su deuda hipotecaria por un alquiler social mucho más asequible.

Las fuentes comentaron desconocer las causas reales que han propiciado tan trágico desenlace, pero reiteraron que no pudo ser la amenaza de embargo porque no había ningún proceso iniciado y el tema estaba en vías de solución. Unicaja también recordó que la política de vigilancia de la entidad ante una tema tan sensible ha propiciado que todos los impagos se estén reconduciendo a tiempo a soluciones no traumáticas que incluyen refinanciaciones y los citados alquileres sociales.

Mientras tanto, varios portavoces de la plataforma pidieron a los vecinos que para evitar sucesos como éste «cualquiera que se encuentre en una situación parecida, no la viva solo sino que la dé a conocer y así, siempre habrá alguien que les pueda ayudar. No somos culpables sino víctimas del sistema que rescata a bancos y desahucia a personas», afirmaron.

Durante la concentración de homenaje a las puertas de una sede local de Unicaja, varios vecinos del municipio cogieron el micrófono para recordar a Jordi pero también para reclamar a los diferentes gobiernos «más ayudas para las personas, para buscar empleo, para que nadie se quede sin casa, para que todos tengamos acceso a la sanidad y, por favor, ni un recorte más a los débiles».

«El desahucio no puede ser el motivo para que una persona se quite la vida», señaló el alcalde, quien anunció que el Ayuntamiento continuará recogiendo firmas en favor de la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de conseguir la dación en pago y paralizar los desahucios.