La empresa Promálaga del Ayuntamiento de la capital se ha visto obligada a devolver al Ministerio de Economía un préstamo de 3,8 millones de euros y corre el peligro de tener que devolver otro más de 4,6 millones por incumplir la normativa exigida por el Ministerio para la concesión de préstamos a la innnovación.

Los dos préstamos fueron requeridos, uno en 2010 y el segundo en 2011, para hacer frente a la construcción del edificio Promálaga Excelencia que la sociedad municipal ha levantado en la zona de ampliación del Parque Tecnológico como incubadora de empresas dedicadas a tecnología de I+D+i.

El consejo de administración de Promálaga fue informado ayer de estas dos operaciones fracasadas que obligarán al Ayuntamiento o a la sociedad a un importante desembolso en caso de que el segundo préstamo (primero en la cronología) tenga que ser devuelto también.

El primer préstamo, de 5.326.157, aunque luego se devolvieron 647.278 que sobraron, se pidió al amparo del programa Acteparq, para actuaciones científicas y tecnológicas en parques científico . El préstamo permitió la construcción del edificio Promálaga Excelencia. Al proyecto original se le realizaron importantes modificaciones y ello llevó al Ministerio a reclamar la devolución del préstamo, por incumplimiento de la normativa.

Promálaga decidió recurrir la orden de devolución y será ahora un juzgado de lo Contencioso Administrativo el que decida.

En previsión de perder definitivamente el dinero de ese primer préstamo, Promálaga pidió un segundo, de 3,8 millones también al Ministerio de Economía y acogido al programa Innplanta. Sin embargo, una vez concedido el Ministerio ha obligado a su devolución ya que Promálaga lo quería utilizar para financiar el coste del edificio y esos préstamos sólo costean la adquisición de equipamiento y la implantación o mejora de infraestructuras.

El proyecto para la construcción de esta incubadora contó desde su inicio con fuertes críticas por posibles irregularidades, no solo políticas por parte de los grupos municipales, sino también externas. Así, el Colegio de Arquitectos interpuso un recurso contra la convocatoria por la que salía a concurso a la vez la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, al considerar que en la convocatoria del concurso se vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, ya que la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes tienen un carácter excepcional.